Calviño irrita a los sindicatos: las reformas, a la UE incluso sin acuerdo
UGT y CC OO recelan de la reforma laboral «light» y de las pensiones que plantea el Gobierno para que Bruselas envíe a España los fondos anticovid
El Gobierno lo tiene claro: no piensa poner en peligro ni un por un sólo instante la llegada de los fondos europeos para la reconstrucción de España en la era postcovid-19. Este año España recibirá un anticipo de 27.000 millones en subvenciones de Europa a fondo perdido de los 140.000 millones que le corresponden (70.000 millones en subvenciones directas y otros 70.000 en créditos). Por eso, al Ejecutivo no le temblará la mano a la hora de legislar y decidir sobre las reformas estructurales que Bruselas demanda para la concesión de los mismos, entre ellas los cambios que precisa el mercado laboral para su modernización y la transformación del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad futura. Así lo ha insinuado la vicepresidenta tercera del Gobierno, Nadia Calviño, tras reunirse con los interlocutores sociales para repasar sin entrar en detalle las reformas estructurales que necesita el país y el reparto de los fondos europeos. Aunque el Gabinete de Sánchez ha apostado claramente por el diálogo social y espera alcanzar un consenso en todas las materias, no dejará a su suerte, si no es posible el acuerdo, el futuro de la economía española. El encuentro de este viernes estuvo presidido por la vicepresidenta y al mismo asistieron delegaciones de UGT, de CC OO y de Cepyme, lideradas por sus secretarios generales y su presidente. Mientras, el máximo responsable de la CEOE, Antonio Garamendi, participó telemáticamente en la cumbre por encontrarse en Bilbao. Al término de la reunión, los líderes sindicales lamentaron que el Gobierno no les haya entregado los documentos sobre el reparto de fondos ni la documentación sobre las reformas en ciernes: además de la laboral y la de pensiones, la fiscal, entre otras, hasta un total de 170. No obstante, tampoco han hecho caballo de batalla de la falta de información. Muy al contrario, destacaron la voluntad de concertación social demostrada por este Ejecutivo en todo momento, como prueba esta mesa de diálogo social inaugurada por el propio presidente del Gobierno en noviembre pasado y que, desde entonces, se ha reunido dos veces más presidida por Calviño. Por el momento, lo que parece claro es la imposibilidad de que el equipo económico de Sánchez alcance un acuerdo con las centrales antes de abril, fecha límite para remitir las reformas a Bruselas. En principio, UGT y CC OO desean derogar las reglas del juego del mercado laboral impuesta por el anterior Gobierno del Partido Popular. Mientras, Calviño apuesta por meros retoques puntuales, sin introducir grandes cambios, a lo que también se opone Bruselas, por el alto coste que tendría en términos de empleo y de precariedad. Este análisis es compartido, como no podía ser de otra manera, por CEOE y Cepyme. En la reforma de las pensiones ocurre algo parecido. La vicepresidenta ha pasado de puntillas al ser preguntada por si el Gobierno cree o no necesario, como ya ha defendido Escrivá desde Seguridad Social, contar con toda la vida laboral, es decir, 35 años trabajados, para el cálculo de la pensión. Calviño se ha limitado a asegurar que la apuesta del Ejecutivo pasa por una reforma del modelo orientada a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y, sobre todo, a garantizar su viabilidad futura.