El juez rechaza imputar por alteración del orden público al vecino de Iglesias
El juez rechaza investigarle por alterar el orden público y por delito medioambiental
Revés judicial a Pablo Iglesias e Irene Montero en su pretensión de que el juez que investiga el supuesto acoso a su vivienda impute además al vecino denunciado un delito de desórdenes públicos y otro contra el medio ambiente. Y eso que su defensa mantiene que el querellado, Miguel Frontera, ha perturbado con sus protestas el entorno del Parque Natural de Galapagar (Madrid), donde se encuentra la casa, «incitando a la desobediencia y creando caos».
El líder de Podemos intentaba así que el juez investigue al vecino denunciado –sobre el que pesa una orden de alejamiento del domicilio, al que no puede aproximarse a menos de 500 metros– por los seis delitos incluidos en su querella, pues el instructor no vio indicios –en un auto del pasado 11 de noviembre– de los dos referidos y sí admitió la denuncia por los de acoso, coacciones, desobediencia a agentes de la autoridad y descubrimiento y revelación de secretos. Además, la Fiscalía imputa a Frontera un delito de injurias a la autoridad.
Sin embargo, en el recurso planteado por su abogada el pasado 23 de noviembre, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, se vincula el delito de desórdenes públicos (presumiblemente por error), no al artículo 559 del Código Penal, sino al 599, que se refiere al delito de revelación de secretos relacionados «con la seguridad nacional», castigado con una pena de prisión de uno a cuatro años.
En un auto del pasado día 14, el juez Javier Carreño rechazó la pretensión de la defensa del vicepresidente y la ministra de Igualdad de ampliar el objeto de la imputación a Frontera. En cuanto al delito de alteración del orden público recuerda que debe producirse «una alteración del normal desarrollo de la convivencia ciudadana y del ejercicio de derechos fundamentales» mediante «actos o amenazas de violencia sobre las personas o las cosas», sin que sea suficiente «una mera alteración del orden público». Algo sobre lo que, subraya, «no existe ningún indicio que justifique el inicio de una investigación penal» por un delito de alteración del orden público al no apreciar que se viese «afectada la normalidad de la convivencia».
Además, en ese escrito, Iglesias y Montero reclamaban al juez que pida al comandante del puesto de la Guardia Civil en Galapagar todos «los atestados que pudieran existir» desde el 15 de mayo al 18 de julio de 2020 sobre las protestas vecinales en las inmediaciones de su vivienda, una petición que respaldó la Fiscalía.
Aunque el instructor se niega a impulsar «una investigación genérica o prospectiva», considera de interés, como esgrime la Fiscalía, «intentar averiguar una posible continuidad en la conducta» de Frontera, «lo que contribuiría a determinar su verdadera naturaleza», por lo accede a esa petición y solicita al responsable del puesto de la Guardia Civil en Galapagar esos atestados «en los que estuviera implicado» el vecino denunciado.
Y respecto al delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, sostiene que «difícilmente puede sostenerse una imputación sobre la base del requerimiento efectuado por un agente» al vecino al considerar que «la utilización de un megáfono» por parte de Frontera «suponía una alteración del medio ambiente y una molestia a los vecinos». E insiste en que lo determinante es que el hecho en sí ponga en grave peligro al medio ambiente, que no aprecia en este supuesto «en ausencia de una medición del ruido» ni de documentación alguna que acredite «una afectación de la salud de los denunciantes achacable a las emisiones de ruidos».
En su recurso, la defensa de Iglesias y Montero considera «prematuro» que el instructor descarte de inicio la posible comisión de ambos delitos. En relación al delito medioambiental, afirma que el propio querellado lo admitió en una entrevista, pese a lo cual no ha cesado en lo que califica de «actuación de atronar y perturbar el entorno del Parque Natural de Galapagar» valiéndose de unos «altavoces de gran tamaño» con los que reproduciría música «a un elevado volumen».
Suficiente, según la letrada, para apreciar indicios de que habría cometido «un grave delito contra el medio ambiente» por «afectar al entorno». Asimismo, acusa a Frontera de recaudar fondos «para promocionar el acoso» con el objetivo, dice, de «provocar situaciones de violencia y perturbación en el entorno íntimo y familiar» y «alterar la paz social, siendo siempre una de sus finalidades, incitando a la desobediencia y creando caos».
El instructor pide a la Guardia Civil todos los atestados sobre incidentes en la vivienda del vicepresidente