Bravo no ve «razonable» que se desoigan las peticiones financieras de la región
Afirma que el reparto del Fondo Covid «perpetúa» la infrafinanciación que la comunidad sufre desde 2009. Reclama, junto a otros cinco territorios, la convocatoria urgente del CPFF
«No creemos ni razonable ni justo que no se escuchen las peticiones que se hacen desde Andalucía». Es una frase pronunciada ayer por el titular de Hacienda y Financiación Europea de la Junta, Juan Bravo, tras ofrecer en el Parlamento regional una pila prolija de números. El consejero sostuvo que es más «necesarioquenunca»quesemantenga la «colaboración», la «lealtad» y la capacidad de «negociar, consensuar y acordar» entre las administraciones y avisó de que, lo que se haga, «bien o mal», en la comunidad en mitad de una pandemia, afectará «al conjunto de España». Mantuvo que el reparto de los recursos extraordinarios aprobados por el Gobierno central para paliar los efectos del coronavirus ha venido a «perpetuar» el «agravio» que la región ya sufría en materia económica, al estar infrafinanciada desde
2009, cuando se dio luz verde al actual sistema autonómico. Bravo recordó que la región ha recibido 2.199 millones, de los 16.000 con los que se dotó al Fondo Covid, lo que supone el 13,7% del total, pese a contar con el 18% de la población. Dicho de otra forma, a cada andaluz le han correspondido 261 euros, cuando la media de España se eleva a 340, casi 80 euros más. La Junta reclama «2.862 millones» en conjunto, con lo que faltarían 663 por ingresar.
Para 2021, el Ejecutivo estatal ha sustituido el Fondo Covid por una transferencia extra de 13.486 millones ligados al 1,1% del PIB. Aún no se han fijado las claves de asignación, si bien el titular de Hacienda anotó que el pasado diciembre remitió al ministerio del ramo una carta con una propuesta consensuada con la Comunidad Valenciana y Murcia para una distribución más equitativa del dinero. De momento, Bravo ha firmado una declaración conjunta con cinco de sus homólogos en otros territorios, en concreto los de Galicia, Madrid, Murcia, Castilla y León y Ceuta, para solicitar la convocatoria «con carácter de urgencia» del Consejo de Política Fiscal y Financiera y abordar «un nuevo modelo de reparto para el fondo React-EU» bajo los principios de transparencia, igualdad, solidaridad y cohesión.