Del Pozo tilda de «barbaridad» arrojar la Cruz de Aguilar a un vertedero
Vox insiste en pedir su dimisión, pero la consejera de Cultura afirma que cumplió la ley
La consejera andaluza de Cultura, Patricia del Pozo, aseveró ayer en el Parlamento andaluz que «lo que ha hecho la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, (Córdoba) –Carmen Flores (IU)– de arrojar» la Cruz del Llanito de las Descalzas, a «un vertedero» es «una barbaridad, una falta de respeto a muchos ciudadanos» y «una auténtica humillación». «No era necesario causar tanto daño y atacar tanto a los sentimientos», dijo, para recalcar que lo que se hizo «no tiene el respaldo de ninguna ley ni del sentido común del resto».
La titular de Cultura sostuvo en la comisión parlamentaria de ese área que, «por un mínimo de humanidad, habría que recoger la cruz y colocarla de nuevo en Aguilar, de donde nunca debió salir», proclamó, antes de explicar que la retirada del símbolo no se debió a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, sino a una decisión de la Comisión de Patrimonio, que autorizó su retirada por carecer de valor patrimonial y por estar en un arriate que provocaba humedades al monasterio de las descalzas, calificado Bien de Interés Cultural (BIC). «La alcaldesa ha ofendido las creencias más profundas de muchos ciudadanos y ha utilizado como subterfugio la Ley de Patrimonio porque sus pretensiones no cabían en la Ley de Memoria Histórica», afirmó Del Pozo. Luego recordó que la regidora ha confesado haberla quitado para ser consecuente con su ideología y que se trata de un símbolo franquista, cuando, en 1980, votó con el resto de la Corporación por unanimidad para despojar a esta cruz de cualquier significado político.
«Es la cruz de la concordia y no existen vertederos en España que puedan con el consenso», remarcó la consejera. Con todo, el parlamentario andaluz de Vox Benito Morillo pidió la dimisión de la Titular de Cultura y Patrimonio Histórico, como «cómplice, por acción u omisión» de la retirada y posterior destrucción de la cruz, a lo que la consejera replicó que ella ha cumplido con la ley y que tiene «la conciencia muy tranquila», señalando como única responsable de lo ocurrido a la alcaldesa aguilarense.
Morillo mantuvo que el Gobierno regional tendría que haber «enviado a la Guardia Civil», para evitar el «acto vandálico» que supuso la retirada de la cruz, con la que «la mayoría de los andaluces» se sienten identificados, frente a este acto de «cristianofobia, lo que entendió que «no es un tema menor», sino «gravísimo» . Es más, planteó que, si la consejera no dimite, Vox pedirá su cese al presidente andaluz, el popular Juanma Moreno.
Del pozo incidió en que fue el consistorio el que solicitó su supresión y sustitución por un conjunto escultórico. La licencia de obras para la retirada del símbolo era de competencia exclusivamente municipal y no era Bien de Interés Cultural. Si la Junta hubiese impedido su movimiento, podría haber incurrido en un presunto delito de prevaricación.
Al margen de los tres grupos, PP, Adelante y Vox, que pidieron la comparecencia de Del Pozo, intervinieron también desde el del PSOE y el de Cs.