Un grupo de policías se suma a las protestas contra la Junta Militar
Jóvenes con vestidos de princesas y piscinas hinchables marchan contra el golpe en Birmania
La Administración Biden anuncia sanciones contra los líderes militares en Birmania y presionan para liberar a Suu Kyi
«Devolvednos la democracia», «No podréis con nosotros» o «Detened el golpe militar». Con pancartas de lo más variadas pero con mensajes muy claros y vestidos de princesas, con el traje de boda o con el torso al aire, miles de manifestantes birmanos se echaron ayer a las calles por quinto día consecutivo. Su objetivo: protestar contra el golpe de Estado que el Ejército perpetró la semana pasada y exigir a la Junta militar que libere a la líder de facto del país Aung San Suu Kyi, detenida durante la asonada.
Tras la jornada del martes, la más violenta hasta la fecha, las protestas se multiplicaron ayer por todo el país. Desde que tuvo lugar el golpe, la nación asiática está viviendo las protestas más graves en más de una década y cada vez son más los que se suman a los descontentos con el fin de evitar que el proceso democrático en el que andaba inmerso el país quede paralizado. En la capital, Naypyitaw, cientos de funcionarios marcharon para mostrar su apoyo a la creciente campaña de desobediencia civil iniciada por los trabajadores de la salud. En Rangún, miles de ciudadanos se unieron a las manifestaciones desafiando otro día más la ley marcial impuesta por los uniformados el lunes, que no permite las reuniones de más de cinco personas e incluye un toque de queda.
Mientras, en Kayah, al este del país, un grupo de policías se unía a los descontentos y marchaba con ellos bajo un cartel que rezaba: «No queremos dictadura». Algo similar a lo que había ocurrido en otra localidad cuando tres policías abandonaron sus posiciones y se unieron a un grupo de manifestantes que repelía los cañones de agua durante los enfrentamientos del día anterior. «La Junta Militar de Myanmar debe preocuparse de que muchas de sus tropas favorezcan la democracia y no el golpe», escribió en Twitter, Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. Lo cierto es que a la Junta parecen haberle salido enemigos tanto dentro como fuera de sus filas y el movimiento de desobediencia civil está cobrando fuerza con la participación cada vez mayor de funcionarios, banqueros o médicos. «No queremos trabajar bajo un Gobierno que tomó el poder en un golpe. Es pura injusticia. Me siento culpable de trabajar en la oficina con facilidad mientras la generación más joven está en las calles, así que me he unido al movimiento», declaró un empleado del Banco Central de Myanmar en Rangún a «The Irrawaddy».
Cuando tomó el poder, el Ejército reemplazó a los gobernadores y vicegobernadores de la institución financiera y detuvo a sus predecesores. Es el caso del vicegobernador U Bo Bo Nge, que había sido designado por el partido de Suu Kyi –la Liga Nacional para la Democracia (LND)– y quien hoy todavía permanece detenido junto a más de un centenar de políticos y activistas aliados de la premio Nobel. Precisamente, el martes por la noche los uniformados allanaron la sede y las oficinas de la LND en una clara advertencia del régimen militar. Según el miembro del Comité Central de Información de la formación política, U Kyi Toe, los militares confiscaron propiedades, con documentos y discos duros de los ordenadores incluidos. Sin embargo, eso no impidió que el Parlamento formado por legisladores de la LND – que se autoproclamó de manera improvisada la semana pasada–, nombrara a Suu Kyi Consejera de Estado del país para un segundo mandato. Un simbólico gesto de apoyo a «La Dama», quien está acusada de violar la Ley de Exportación e Importación y se enfrenta a una pena de hasta tres años de cárcel. Con este panorama, la Junta se enfrenta ahora a un dilema. Permitir las manifestaciones, lo que les puede hacer perder el control y finalmente el poder; o reprimir a los descontentos, lo que además del daño interno les puede acarrear el aislamiento internacional. De darse este último supuesto, Myanmar no quedaría tan aislado como en el pasado, ya que es poco probable que China, India o Japón rompan sus relaciones.
Sin embargo, ayer el presidente Joe Biden anunció que había aprobado una orden ejecutiva que allana el camino para nuevas sanciones contra los militares de Myanmar y sus negocios después de que el Ejército tomara el poder. Biden señaló que la orden ejecutiva permitiría a su Administración «sancionar de inmediato a los líderes militares que dirigieron el golpe, sus intereses comerciales y familiares cercanos». Asimismo, el presidente de EE UU añadió que se daba luz verde a la congelación de mil millones de dólares de «fondos del gobierno birmano retenidos en Estados Unidos», lo que evitaría que los generales accedan a esos fondos. Al cierre de esta edición, aún no había especificado los nombres de quienes se verán afectados por las nuevas sanciones.
La Junta se debate entre permitir las protestas y arriesgarse a perder el control o reprimir y sufrir un nuevo aislamiento