Luz verde a la tramitación parlamentaria de Ley de Autoridad del Profesorado

El Parlamento de Andalucía dio luz verde a la tramitación en la Cámara de la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que otorga a los docentes de la comunidad la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones y la presunción de veracidad.

El proyecto de ley, defendido por el consejero de Educación, Javier Imbroda (Cs), llegó a la Cámara andaluza sin enmiendas, por lo que una vez fijado el posicionamiento de los grupos parlamentarios la norma seguirá su tramitación parlamentaria en la comisión de Educación y Deporte.

El texto recoge el derecho del profesorado a recibir el trato, la consideración y el respeto que le corresponde, tanto dentro como fuera de las instalaciones educativas, por parte del alumnado, las familias, el resto de los profesores y el resto del personal.

También se reconoce su potestad y autonomía para imponer medidas correctivas y tomar las decisiones necesarias, «de manera inmediata, proporcionada y eficaz», de acuerdo con las normas de convivencia del centro y con la normativa vigente. Respecto a la presunción de veracidad, en los procedimientos de adopción de medidas correctoras los hechos constatados por el profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, sin perjuicio de las pruebas que pueda aportar el alumno. En los casos de agresión física o moral se considerarán circunstancias que atenúan la responsabilidad el reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la reparación inmediata del daño y la petición de excusas. El alumno estará obligado a reparar los daños que cause a las instalaciones, los materiales del centro y las pertenencias de todos miembros de la comunidad educativa.

Imbroda basó la importancia de esta norma en que el docente ha pasado de ser «una figura incuestionable» a un contexto «de desprestigio y permanente cuestionamiento» de sus decisiones, «poniendo en tela de juicio su autoridad y su profesionalidad». El consejero expuso que las agresiones a docentes han crecido «de manera significativa», con un total de 34.000 conductas perjudiciales (agresiones, injurias, vejaciones o amenazas) en el curso 2018-2019.