Montesquieu no era un facha
Este Gobierno ha hecho lo posible para oscurecer la oposición, deslegitimarla con insultos y desprecios y acallarla
Negociar la composición del CGPJ con autoritarios y sus aliados rupturistas, y olvidar que el 19 de octubre de 2020 se registró una proposición para devolver la independencia al poder judicial y su despolitización, es sencillamente un error de bulto. No se puede hacer un discurso sobre el riesgo que corre la democracia liberal en manos de los socialcomunistas y a renglón seguido no defender con uñas y dientes sus principios básicos. A estas alturas no se trata de los nombres de los miembros del CGPJ sino de sostener el espíritu de la separación de poderes. ¿Qué más da que no sean jueces «podemitas» si se mantiene la injerencia en el Judicial de un Ejecutivo ávido de poder? Ceder a esa forma de selección es permitir que los socialistas sigan con la acomodación del sistema político a su gusto.
La oposición no debería repetir con el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas, el enjuague en la elección del consejo de RTVE, en la que han colocado a un socialista al frente, y han metido a podemitas y a un nacionalista vasco. Es evidente que Sánchez prefiere a Iglesias antes que a los constitucionalistas porque es el puente con los independentistas que aseguran la mayoría Frankenstein.
Este Gobierno ha hecho lo posible para oscurecer a la oposición, deslegitimarla con insultos y desprecios, y acallarla aprobando casi toda la legislación a través de decretos-leyes. Ese sistema de legislar impide que los opositores presenten a la opinión pública su proyecto particular o sus diferencias parciales con el Gobierno. De esta manera, parece que solo existe el programa gubernamental, y que la oposición no tiene ideas ni identidad. Si se quiere construir una alternativa basada en la defensa de la Constitución y de lo que representa, el proyecto común basado en la libertad, es hora de aferrarse a los principios de la democracia liberal, como la separación de poderes. Solo así se generará esperanza y empatía con los electores que ven con preocupación el deterioro del sistema de libertades y el avance del totalitarismo.
Es posible defender con coherencia el mal menor; es decir, si la mayoría parlamentaria, en manos de Podemos y los rupturistas, amenaza con hacerse con todo el poder judicial es lícito pactar nombres de jueces moderados. Ahora bien, si esta vía es imposible porque Iglesias y Sánchez se empeñan en personas, como De Prada o Victoria Rosell, más inclinados a la política que a la justicia, es obligado que el PP sostenga con vigor la proposición de ley para devolver la independencia al Judicial. No estaría de más que el partido de Casado se uniera a Vox y a Ciudadanos en esa iniciativa, en lo que sería un primer y necesario acercamiento a la colaboración del centro-derecha, y convencerse de que Montesquieu no era un facha.
Tras el fracaso en la negociación del CGPJ, volverán los ataques gubernamentales y de sus aliados a la oposición. Esto se evita tomando la iniciativa con esa proposición. Debería estar claro que la democracia no es someterse al dictado de un gobierno porque tiene una mayoría circunstancial, sino sostener los principios democráticos. En esa circunstancia tiene que notarse la diferencia entre quienes quieren convertir España en una escombrera sobre la que levantar su régimen propio, y los que defienden el proyecto común de la Constitución de 1978.
La oposición debería explicar a los españoles que ser demócrata no es obedecer automáticamente al Gobierno, sino defender el sistema que hace posible la democracia. Ya escribió Edmund Fawcett que para conservar las instituciones liberal-democráticas se requiere una minoría vigorosa y una mayoría confiada. Con esto sería suficiente. El problema es que si no hay vigor ni coherencia no hay confianza.