QUÉ HACER CON LOS 11.000 MILLONES DE AYUDAS
CUALQUIERA DE LAS OPCIONES POR LAS QUE PUEDA OPTAR EL GOBIERNO PARA ASIGNAR LOS FONDOS TIENE MUCHAS OPCIONES PARA SALIR MAL
España ha sido el país de la UE que ha otorgado menos ayudas directas a sus empresas: apenas el 1,3% del PIB frente a otros países que, como Alemania, han invertido más del 4%. Hasta la fecha, nuestro Gobierno se había centrado en dos frentes. Por un lado, extender créditos ICO en condiciones blandas y por otro, hacerse cargo de la nómina de las empresas en problemas a través de los ERTE. Pero no ha habido ayudas directas.
Acaso por ello, Sánchez anunció sorpresivamente esta semana un plan adicional de 11.000 millones de euros para impulsar a los sectores más afectados por la crisis, muy en especial la hostelería y la restauración. Se trató de un anuncio escueto del que no hemos conocido muchos más detalles y que parece haber sido fruto de la improvisación. No obstante, proclamado proclamado su compromiso, el Ejecutivo tendrá que inventarse algo que desarrolle el plan. ¿En qué puede consistir?
La primera opción sería la menos ambiciosa, un nuevo programa de préstamos a pymes, esto es, una especie de ampliación de los ICO. Tal medida, empero, no se diferenciaría demasiado de todas las ayudas que ya se hallan vigentes en la actualidad. Si las empresas en dificultades ya están muy endeudadas, difícilmente querrán asumir nuevas deudas que pongan su delicada situación financiera todavía más contra las cuerdas. De ahí que algunos hayan sugerido que, a diferencia de las líneas de crédito precedentes, ésta daría la opción al Estado de entrar en el capital de estas compañías, lo que permitiría recapitalizarlas y devolverlas a la viabilidad. El problema es que, en caso de seguir esta estrategia, el Estado podría terminar convirtiéndose en accionista de muchas pymes, lo que no tendría demasiado sentido económico y convertiría la desinversión futura en un auténtico reto.
Otra opción sería la de que esos 11.000 millones se materializaran en forma de quitas a los créditos ICO ya otorgados. En tal caso, las empresas sí recibirían una inyección directa de capital, porque la condonación de un pasivo implica el aumento de su solvencia. Sin embargo, como parte de la quita debería ser asumida por la banca (recordemos que el Estado actuó como avalista parcial de esos créditos), las entidades se están resistiendo a que el Estado les traslade el agujero financiero del resto de empresas. Y el Estado, por su parte, también se niega a cubrir la parte imputable a los bancos.
Y, finalmente, la tercera posibilidad sería que el Estado remitiera transferencias directas de fondos a las empresas en dificultades. Sin embargo, esta opción parece la menos verosímil de todas porque, en cierto modo, el Gobierno considera altamente probable que en algún momento futuro va a tener que efectuar quitas sobre los créditos ICO. Y no quiere añadir a ese previsible coste presupuestario futuro un mayor, e independiente, coste presupuestario presente en forma de transferencias directas.
Sea como fuere, recordemos que cualquier plan de ayudas directas debería estar regido por dos criterios: su compatibilidad con la sostenibilidad financiera del Estado y no convertirlo en un rescate de empresas inviables y zombies (algo bastante probable si es el Estado quien selecciona quién debe ser rescatado y quién no). Muchas papeletas, por tanto, para que la operación, si sale adelante, termine saliendo mal.