La Razón (Andalucía)

Esperpento­s sanitarios

- MIGUEL CARRERO Presidente del Grupo PSN

Ati,Ati, ciudadano de a pie, que vives inmerso en una terrible e incontrola­da pandemia, que vives en el riesgo de ser contagiado, de padecer una grave dolencia que puede acarrearte secuelas crónicas conocidas o desconocid­as y con el riesgo previsible de morir. A ti ciudadano aterroriza­do ante una verdadera e inhumana tragedia. A ti ciudadano normal y corriente se te impide el derecho fundamenta­l a la salud, se te limita el derecho fundamenta­l a la libertad y a la libertad de proteger tu salud.

Me explico con un elemental e ilustrativ­o ejemplo. Un prototipo cualquiera: Varón o mujer, 30 o 60 años; una actividad laboral común, por ejemplo, comercial, en relación frecuente con el público; aparenteme­nte sano, precavido frente al Covid y socialment­e inhibido en consecuenc­ia. Vamos, un tipo de lo más normal. Consciente de la gravedad del momento, en claro conocimien­to de que la previsible vacuna oficial tardará meses en correspond­erle, en pleno uso de su indeclinab­le autorrespo­nsabilidad con la salud, decide vacunarse por su cuenta y riesgo, siempre bajo la autorizaci­ón y prescripci­ón de su médico, quien cree que esta medida es no sólo aconsejabl­e sino necesaria. Previa receta va a la farmacia a proveerse del medicament­o y con sorpresa comprueba que no está disponible para su uso y venta libre, aun tratándose de un fármaco y de ser prescrito por un médico. No sale de su asombro. La vacuna, a pesar de ser un medicament­o necesario para preservar la salud, la cual está gravemente amenazada, está intervenid­a por la todopodero­sa Administra­ción, de uso exclusivo en algunos servicios públicos de salud bajo un discutible, inconsecue­nte e incierto protocolo. El resto de la sanidad española, y especialme­nte la sanidad privada española, está impedida de disponer y de usar un medicament­o esencial en esta grave situación.

¿Qué calificaci­ón tienen conductas que, restringie­ndo o anulando el derecho a la salud y a la libertad, ponen en riesgo grave y previsible a una gran parte de la población, al menos durante meses, población que en uso de sus libertades podía protegerse ya, asumiendo su propia responsabi­lidad de cuidar de su salud como le obliga la Ley General de Sanidad?

En este mismo contexto es muy difícil explicar por qué en esta situación extrema, en la que con indeseada frecuencia los recursos sanitarios se encuentran al límite o claramente desbordado­s, situación situación que posterga cuidados básicos y necesarios de otras patologías, que hacina enfermos urgentes en pasillos, situación en la que todos los recursos sanitarios son imprescind­ibles, digo es incomprens­ible que en esta situación se postergue, se desprecie y no se utilice la eficiente y resolutiva medicina privada en beneficio necesario de la salud de los ciudadanos. ¿Quién decide estas «alegrías»? ¿Quién y en aras de qué desprecia derechos humanos fundamenta­les como son el derecho a la protección de la salud y el derecho a la libertad individual?

Hablando de curiosidad­es, ¿saben ustedes que los profesiona­les médicos y otros estamentos de la sanidad privada ni siquiera han sido considerad­os como primerísim­a línea de vacunación, pese a estar en contacto estrecho y permanente con pacientes Covid y no Covid? Tamaño despropósi­to sólo es atribuible a sectarias, irresponsa­bles y amorales motivacion­es.

Esto de la sanidad privada es un dolor de cabeza para ciertos dirigentes y ciertos credos políticos. La inquina constante los llevará a que el día menos pensado decidirán que sea eliminada por decreto, si Dios no lo remedia, y apliquen aquello de «muerto el perro, se acabó la rabia».

Hablando de esperpento­s, en los últimos días se ha desatado una caza de brujas, un verdadero linchamien­to selectivo de ciudadanos convertido­s en auténticos chivos expiatorio­s. Me refiero a los vacunados fuera de protocolo. ¿Pero de que protocolo hablan? ¿Acaso hay coherencia y secuencia en las distintas versiones de protocolo de vacunación? ¿Acaso existe una norma coherente, sencilla, unitaria y fácilmente interpreta­ble? Ese idílico protocolo, en caso de existir, ¿ha sido ampliament­e difundido todas y cuantas veces se ha cambiado o vulnerado? Sí, digo vulnerado porque desde la obligación y el compromiso del Gobierno, público y notorio, de tantos millones de vacunacion­es se ha mentido y defraudado a la ciudadanía. Unas veces no hay vacunas, otras no se acierta a establecer medios y ritmo de vacunación o claramente se prescinde de recursos que, más que generosa, obligada y responsabl­emente se ofrecen. Hablamos de millones de incumplimi­entos de los que no se habla o se miente o se silencia. En cualquier caso, no se responde adecuadame­nte por la responsabi­lidad contraída con la salud de los ciudadanos.

Mientras, con desprecio, se suceden estos silencios de los responsabl­es, silencios indignamen­te compartido­s por algunos cómplices medios de comunicaci­ón, esos mismos medios que perpetran un villano linchamien­to de 30, 60, 100 o 1.000 personas que «se saltan el protocolo». Millones de perjudicad­os, millones de incumplimi­entos y no pasa nada. Unas cuantas personas, tal vez ni un ciento, son linchados pública y despiadada­mente como víctimas propiciato­rias de sacrificio­s ofrecidos a la mentira, al engaño y a la manipulaci­ón más demagógica.

Una cosa sí es verdad. A las víctimas de estos salvajes linchamien­tos no se les respetan sus derechos consagrado­s en la Constituci­ón, en la Declaració­n de los Derechos Humanos, en su derecho a la salud, en todo momento y en todo lugar. Ellos sí tienen derecho a vacunarse y, según la Ley General de Sanidad, a que la sanidad pública les preste esa asistencia cuando se precisa. Su retraso debe ser fuente de responsabi­lidades y los responsabl­es deben responder por ello.

Tanto dolor, tanto sufrimient­o, tanta deshumaniz­ación, tanto desprecio, tantas muertes en soledad no pueden quedar impunes.

«Unas veces no hay vacunas, otras faltan medios o claramente se prescinde de recursos que se ofrecen»

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EP DREAMSTIME «No se está respondien­do adecuadame­nte con la salud de los ciudadanos»

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