Los Mossos culpan a los soberanistas de los actos de violencia en Barcelona
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Barcelona
La violencia desplegada por los radicales en las dos últimas semanas en Barcelona (a veces, extendida a otras ciudades de Cataluña) registró el sábado su estampa más mediática e impactante con la quema de un furgón de la Guardia Urbana con un agente en su interior. No obstante, fue tan solo un episodio más de los ataques que están sufriendo los Mossos d’Esquadra desde que el 16 de febrero se inició la ola de protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. De hecho, como recuerdan algunos agentes consultados por este diario, los radicales destrozaron la comisaría de Vic y se quedaron al borde de asaltarla (los propios policías a punto estuvieron de abrir fuego ante el acoso) o ya intentaron quemar una furgoneta de los antidisturbios –aunque no hay imágenes que lo recojan– días atrás.
En el origen, todos coinciden en señalar a los políticos independentistas (la CUP, JxCat y Esquerra). Políticos que han alentado y avalado las protestas tanto por activa como por pasiva. En ocasiones, han animado a protestar o se han mostrado condescendientes con los radicales y, en otras (que son la mayoría), se han dedicado a crear un clima hostil contra los Mossos d’Esquadra con un cuestionamiento permanente que ha terminado alentando virulentos ataques de los manifestantes. Y es que, echar un vistazo a la deriva de los disturbios en Barcelona permite constatar cómo ha influido el papel y complicidad del independentismo político: hace una década, cuando había protestas violentas con asaltos, se condenaban de inmediato y se frenaban. Ahora, en cambio, se pueden alargar en el tiempo como tras la sentencia del «procés» o ahora tras el encarcelamiento de Hasel.
«Si tienen cojones, que vayan luego al entierro a dar consuelo a la familia de un compañero», expresa el portavoz del sindicato Uspac, Albert Palacios, que ya sondea acciones judiciales contra los políticos. También el sindicato de agentes de Policía Local Sapol anunció ayer que se personará como acusación contra el grupo responsable de quemar una furgoneta de la Guardia Urbana. «Es todo culpa de los políticos», clama Palacios, una opinión muy generalizada en el cuerpo, según aseguran varios agentes. Y, en este sentido, entra en juego el contexto político actual, marcado por las negociaciones para la investidura de Pere Aragonès, donde Esquerra está negociando con la CUP y en el centro de las conversaciones están las exigencias exigencias de los anticapitalistas para hacer cambios en los Mossos. Hay dos peticiones que han levantado mucha polvareda: la supresión/moratoria del uso de las balas de foam (que sustituyeron a las bolas de goma) y la eliminación de la unidad antidisturbios.
«Si nos quitas las balas de foam, ¿cómo nos defendemos? ¿Lanzamos de vuelta las piedras y los objetos que nos tiran?», se pregunta un agente. «Estamos sufriendo más que nunca», asegura otro policía, que también denuncia que no les dejaron actuar. Y, de hecho, apenas hubo cargas el sábado. «Nos pedían que aguantáramos todo el rato», afirma. En este sentido, los manifestantes, jóvenes «muy entrenados y valientes» (según señalan desde la policía catalana), arrasaron a su paso con todo: quemaron contenedores, entidades bancarias, locales y, finalmente, una furgoneta de la Guardia Urbana en la comisaría de las Ramblas. En este punto, también hay quien señala a los altos mandos policiales. Por ejemplo, el portavoz del CSIF en la Guardia Urbana (sindicato mayoritario), Eugenio Zambrano, lo recalca y pide dimisiones. Además, señala al dispositivo por la falta de recursos materiales y humanos.
Como recuerda un agente, cuando se producían disturbios en las Ramblas por las victorias del Barça, siempre se cerraba esa comisaría para que no se atacara y se cerraban las callejuelas adyacentes para que los radicales fueron dirigidas para arriba hacia Plaza Cataluña y dispersados. En cambio, el sábado se optó por defender la comisaría con furgonetas y agentes a las puertas, decisión que no se comprende en el cuerpo.
En medio de esta furia callejera también se hallan las negociaciones para formar Govern. Y ya corre en el seno de los Mossos d’Esquadra la voluntad de que la CUP asuma la conselleria de Interior. «De esa manera, no nos darían tanto trabajo», asegura un agente, haciendo referencia a que los violentos y las protestas desaparecerían de las calles. «Firmo ahora que la CUP consiga Interior y en seis meses vemos cuando la mayoría de la población de a pie se le tire encima y diga basta», dice Albert Palacios, en referencia a que la manga ancha de la CUP enfurezca a los ciudadanos.
Convergència y JxCat han ostentado esta cartera durante la última década. El conseller, Miquel Sàmper, se mostró contundente ayer, alarmado por los ataques: rechazó la disolución de los antidisturbios como pretende la CUP y criticó que se intente cambiar el modelo policial en unas negociaciones de investidura cuando considera que se debe atender el «criterio de expertos». Aragonès y Ada Colau se reúnen hoy.
La CUP pide la disolución de los antidisturbios, que JxCat rechaza, y la supresión de los proyectiles de foam