11.000 millones a condonar créditos y ayudas directas
El Gobierno solo ayudará a pymes solventes y dejará «morir» a las insolventes
Un año después de que el Gobierno decidiera echar el cierre a la economía española para combatir la pandemia del coronovarius, la Vicepresidencia de Asuntos Económicos trabaja ahora contrarreloj para rematar el borrador del real decreto ley que establece cómo, a quién y cuándo entrará en vigor el nuevo paquete de ayudas a pymes y a autónomos por importe de 11.000 millones, que el pasado miércoles anunció el presidente Sánchez y que, previsiblemente, aprobará el Consejo de Ministros el próximo 16 de marzo, aseguran a este diario fuentes monclovitas. A expensas del cierre definitivo de la redacción del decreto, el Gobierno apuesta por destinar una parte de estas ayudas a condonaciones de los créditos de la línea avala por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y otra parte a ayudas directas a pymes y a autónomos de los sectores más afectados por la crisis económica, como consecuencia de las restricciones decretadas por el Ejecutivo para frenar el avance del covid-19, según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. Entre estos sectores, figura en un lugar destacado el turismo, el comercio y la restauración
En estos momentos, el debate existente en el seno del Gobierno consiste en buscar la fórmula idónea que armonice la no exclusión de estas ayudas de las pymes que no solicitaron, en su día «por el motivo que fuera», una inyección de liquidez mediante la línea de avales del ICO con edificar unos cimientos que eviten convertir la crisis económica en una financiera, a imagen y semejanza de la anterior de 2008. Otras fuentes gubernamentales consultadas por este diario aseguran que la solución que ha encontrado Nadia Calviño para hacer converger estas dos líneas de actuación pasa por combinar ambas. Por eso baraja dedicar una parte de los 11.000 millones a ayudas directas a fondo perdido. Concretamente, estudia destinar hasta el 25% (2.750 millones) del total de la nueva inyección de capital que realizara el Ejecutivo a ayudas directas a las pymes y a autónomos, que, en principio, se plantean a fondo perdido. Las condiciones que impondrá Economía, en este caso, son que este colectivo afectado por el covid-19 no haya accedido a la línea de financiación del ICO y que demuestre que sus problemas de liquidez son temporales y achacables, por tanto, a las limitaciones de movilidad de la población decididas por el Gobierno.
De esa manera, seguirá la estela de los Ejecutivos autonómicos, que ya cuentan en sus arcas con los 8.000 de los 12.000 millones de euros que corresponden a España por el Fondo React-EU y que dedicarán de esta cuantía 2.000 millones a ayudas directas a autónomos y a pymes afectados por la pandemia. Por tanto, a estos 2.000 millones en ayudas directas, que destinarán las autonomías a pymes y a autónomos del turismo, comercio y hostelería, hay que sumar los 2.750 millones, correspondientes al 25% de los 11.000 millones, que dedicará el Ejecutivo de Sánchez a ayudas directas para salvar a las pymes y a los autónomos de la quiebra.
No obstante, esta cifra de ayudas directas, que rondará los 5.000 millones entre las partidas de los Gobiernos central y autonómicos, se sitúa muy por debajo de la demanda por la oposición. Los populares cuantifica las necesidades de estos sectores más azotados por la crisis en 50.000 millones, casi cinco veces más que los cálculos efectuados por Sánchez. Mientras, sólo la hostelería y el comercio solicitan al Gobierno desde hace semanas ayudas directas por un importe de 12.000 millones.
Condonaciones
Economía estudia destinar el resto de los 11.000 millones de ayudas hasta un total de 8.250 millones de euros a condonar la parte del 20% de los préstamos concedidos por las entidades financieras, avalados en un 80% por el ICO, a pymes y a autónomos por un montante superior a los 70.000 millones de un total que sobrepasa sobrepasa los 100.000 millones. De los 70.000 millones destinados a pymes y a autónomos, el sistema financiero ha aportado más de 14.000 millones, cuantía que sería objeto de condonación en determinados supuestos.
Así, Calviño actuará en una doble vertiente. Por un lado, rescatará a las pymes que no demandaron un préstamo del ICO, pero que ahora necesitan un salvavidas para garantizar su supervivencia, y, por otro, socorrerá a aquellas que sí lo solicitaron, pero que igualmente están asfixiadas por la paralización de la actividad. Y es que, según fuentes gubernamentales, la vicepresidenta Calviño está muy preocupada y ocupada en evitar que la crisis actual se convierta en una financiera. De ahí esta quita en la parte de la banca.
La condición sine qua non que impondrá Economía para poder acceder a estas ayudas es que se demuestre que la empresa no es insolvente. El Ejecutivo apuesta por optimizar los recursos públicos y destinarlos sólo a las empresas que, fruto de la pandemia, hayan incurrido en un endeudamiento adicional que, unido a la caída de la actividad, les haya generado un deterioro patrimonial, cuando previamente eran negocios viables y en sectores rentables. Por tanto, se trata de destinar los recursos públicos a evitar que ese deterioro patrimonial de empresas viables les conduzca al cierre. Es decir, el Gobierno dejará «morir» a las empresas que son inviables y que, por tanto, no tienen futuro. «Se trata de apartar del cesto las manzanas podridas, con el fin de optimizar los recursos públicos al máximo», aseguran fuentes gubernamentales. Por eso, Economía, junto con el Banco de España y con las entidades financieras, está trazando un mapa identificativo de las empresas que son viables, pese a que ahora atraviesen por apuros económicos, de las que están heridas de muerte. Para este análisis, el Gobierno está utilizando «una herramienta objetiva»: el estudio ya realizado por el ICO para conceder su línea de créditos
Con el diseño de estas ayudas, Nadia Calviño dará su brazo a torcer. La vicepresidenta se ha mostrado siempre contraria a destinar ayudas directas a fondo perdido por su impacto en la deuda pública y en el déficit presupuestario. Sin embargo, estas ayudas de 11.000 millones de euros tendrá su fiel reflejo en el déficit público, que se disparará este año del 7,7% previsto hasta el 8,7% del PIB. Mientras, fuentes de Economía descartan que estas ayudas se traduzcan en un alza de la deuda pública por la reprogramación de deuda realizada por el Tesoro público con una emisión en 2020 inferior en 10.000 millones de euros al montante global previsto, cuantía similar a las nuevas ayudas.