Londres pone trabas a los refugiados
La reforma del Gobierno no concederá el derecho de asilo a quien haya llegado a Reino Unido de forma ilegal. No recibirán ayudas sociales ni optarán a la reagrupación familiar
El Gobierno de Boris Johnson presentó ayer el nuevo sistema de asilo del Reino Unido post Brexit, donde aquellos que busquen protección como refugiados verán su solicitud evaluada, por primera vez, en función de cómo hayan llegado al país. Si lo han hecho a través de rutas ilegales, no tendrán derecho a permanecer en suelo británico. La ministra del Interior, Priti Patel, hija de inmigrantes, fue la responsable de presentar en la Cámara de los Comunes los detalles de «la mayor transformación del sistema de asilo en décadas», un nuevo plan que es «justo pero firme».
El objetivo sería disuadir a las mafias que operan en el Canal de la Mancha para evitar que los traficantes de personas exploten a migrantes desesperados y pongan sus vidas en riesgo. Pero la nueva medida ha causado gran polémica. La oposición laborista asegura que carece de «compasión y competencia» y los abogados de derechos humanos dudan incluso de su legalidad porque, a su parecer, ignora las obligaciones internacionales bajo la Convención de Refugiados.
La iniciativa, que complementa el nuevo y estricto sistema de inmigración por puntos introducido tras el Brexit, será sometida a consulta pública hasta el 6 de mayo, tras lo cual se impulsaría nueva legislación. Según la ministra, los cambios persiguen tres objetivos: aumentar la «eficacia» del sistema para apoyar «a quienes de verdad necesitan asilo»; «disuadir la entrada ilegal» al país y «romper el modelo de negocio de las redes criminales»; y «poder expulsar más fácilmente a quienes no tengan derecho» a estar en Reino Unido.
Bajo las nuevas reglas, los refugiados que lleguen a suelo británico por vías legales obtendrán un permiso para quedarse a vivir de manera indefinida. Sin embargo, aquellos que lo hagan por rutas ilegales, aunque logren conseguir asilo, no tendrán los mismos derechos. En su lugar, se les otorgará un estatus de protección temporal, que se revisará cada 30 meses. No tendrán acceso a ayudas sociales ni tampoco derecho traer a su familia, aunque se les permitirá trabajar.
Patel también recalcó que aquellos que «hayan viajado a través de un país seguro como es Francia para llegar aquí, no tendrán una entrada inmediata en el sistema de solicitud de asilo, que es lo que ocurría antes». Más de 800 personas han cruzado el Canal de la Mancha este año, tres veces más que en 2020. Un récord de 8.420 migrantes cruzaron en pequeñas embarcaciones el año pasado. El Ejecutivo sostiene que muchos emprenden el peligroso viaje después de rechazar la oportunidad de solicitar asilo en los países de la UE. El problema que se plantea ahora para Downing Street es que, tras haber salido del bloque, ya no forma parte del Convenio de Dublín, por lo que no puede transferir refugiados y migrantes al país de la UE que llegaron primero. De momento, Londres y Bruselas no han llegado a ningún nuevo acuerdo sobre la materia. Aunque Patel señaló que el Gobierno estaba tratando de «cerrar pactos bilaterales».
Bajo el nuevo sistema, los delincuentes que fletan barcas por el Canal de la Mancha podrían enfrentarse a penas de cadena perpetua y los inmigrantes con antecedentes penales deportados que regresen a Reino Unido podrían ser castigados con cinco años de prisión, frente a los seis meses máximo de ahora.
El Gobierno conservador prevé además «acelerar» el proceso para expulsar a las personas cuya solicitud sea rechazada y no descarta llegar a acuerdos con terceros países para que se ocupen de los trámites. La semana pasada, Gibraltar indicó que no se prestaría a ofrecer ese servicio, después de que la prensa publicara que Interior se planteaba ubicar allí un centro de procesamiento.
La ministra del Interior argumentó que actualmente el «generoso» sistema británico de concesión de asilo está al borde del colapso, con 109.000 peticiones pendientes, debido a que a las solicitudes legítimas se suman las de personas llegadas «por rutas paralelas ilegales».
Pero el director del Consejo de Refugiados, Enver Solomon, criticó que el Gobierno quiera diferenciar entre inmigrantes «en base a la ruta por la que llegan», mientras Tim Naor, de Acción para los Refugiados, consideró «crueles y desalmadas» las propuestas del Gobierno conservador británico.