La Fiscalía del TS ve «irracional» que Chaves permaneciera en un «limbo» ante el fraude
De Griñán estima prácticamente imposible que «no se apercibiera de la utilización» de los ERE
Bajo la presidencia del Gobierno de la Junta ejercida por Manuel Chaves «se instauró y mantuvo, durante un importante período de tiempo, un tratamiento de la concesión de las llamadas ayudas sociolaborales que persiguió y consiguió, además de eludir el control financiero que debía haberse ejercido por imperativo legal al exigirlo la normativa sobre subvenciones excepcionales, que aquéllas fueran otorgadas de manera arbitraria y sin posibilidad alguna de concurrencia pública»; un sistema que, « no se olvide, estuvo presente y fue implementado en los acuerdos del Consejo de Gobierno» cuando presidía la Junta . Por ello, lo que resulta por completo «irracional e ilógico» es pretender que se acepte como premisa que un cargo «de tan alta enjundia y responsabilidad como el de Presidente de la Junta, ocupado durante casi 20 años» –desde 1990 hasta el 7-4-2009–, se ejerza «en una especie de limbo autista en el que no se conoce nada de lo que, precisamente, exigen, imponen y comportan las funciones que le corresponde, como mínimo, respecto de los acuerdos del Consejo de Gobierno que presidió».
Este es uno de los argumentos centrales de la Fiscalía del Tribunal Supremo en el que, a lo largo de 789 folios, al que accedió LA RAZÓN,
solicita la desestimación de plano de todos los recursos presentados por los 19 condenados por el fraude de los ERE, entre ellos los ex presidentes de la Junta Chaves y Griñán. El primero fue condenado por prevaricación a 9 años de inhabilitación, mientras que a Griñán se le impuso seis años de prisión y 15 de inhabilitación al considerarle también autor de un delito de malversación de caudales públicos. Este fraude alcanzó la suma de 686,4 millones entre 2000 y 2009, según detalló la sentencia de la Audiencia de Sevilla, resolución que los fiscales del Supremo Fernando Prieto y Rafael Escobar, autores del informe, avalan punto por punto, a la vez que rechazan que se vulneraran los derechos de los condenados, como el relativo a la presunción de inocencia.
En relación con Chaves, señalan que tenía pleno conocimiento del «cambio de sistema» que aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta para la concesión de las ayudas a empresas en crisis, lo que provocó que esas ayudas se concediesen sin fiscalización ni control alguno. «Fue una decisión del Consejo de Gobierno que el recurrente presidía, con total conocimiento del método que se iba a introducir y su trascendencia...el llamado ‘sistema’ no solo se implementó sino que se mantuvo en funcionamiento durante casi diez años sin que nadie, pudiendo hacerlo y con autoridad autoridad para ello, máxime, el propio recurrente siendo Presidente, cortara de raíz el ilícito proceder».
En cuanto al recurso de Griñán –consejero de Economía y Hacienda entre abril de 2004 y abril de 2009 y presidente de la Junta entre abril de 2009 y septiembre de 2013–, la Fiscalía destaca que como consejero de Hacienda resulta prácticamente imposible que «no se apercibiera de la utilización fraudulenta de la partida de transferencias de financiación en las modificaciones presupuestarias o de la indebida presupuestación de dicha partida en los presupuestos de los ejercicios en los que ostentó el cargo, o que pudiera pasar desapercibido para los restantes responsables de la Consejería, altamente cualificados en materia presupuestaria, máxime cuando no estamos en presencia de actos aislados, sino de una actuación reiterada varios ejercicios».