OBRAS PÚBLICAS: UN RESURGIR AUPADO POR LA UE
Los PGE de 2021 destinan 11.527 millones de euros a infraestructuras, de los cuales el 41% proceden de los fondos Next Generation. No obstante, este motor de la recuperación no terminará de arrancar sin una legislación que promueva la colaboración público
Aunque parezca irónico, una crisis podría servir para recuperar la inversión perdida en otra crisis. Las infraestructuras siempre han sido un motor tractor para la economía que ahora actuará como palanca para superar los efectos negativos de la pandemia. Pese a su importante papel, buena parte de las infraestructuras españolas se encuentran en mal estado de conservación y otros muchos proyectos llevan años paralizados. La falta inversión pública ha sido el factor común que frena este motor económico desde la pasada crisis de 2008. Tal y como explica Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), en España, la inversión pública en infraestructuras se mantiene en mínimos históricos (en torno al 2%) desde la Gran Recesión. «Ello nos sitúa, nuevamente, con el menor ratio de inversión por habitante de la UE, y con una inversión pública total programada en 20212022, de 56.700 millones de euros, un 64% inferior a la media de las cuatro mayores economías europeas», denuncia.
Los fondos recogidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 vienen a cambiar esta tendencia, aunque aún hay mucho camino por recorrer. «Las infraestructuras, además del beneficio social que generan, tienen un importante impacto económico en la generación de actividad económica inducida, equivalente al 92% de la inversión realizada, la más relevante de nuestra economía, y en la generación de empleo directo e indirecto, de 14 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido», señala a LA RAZÓN el presidente de Seopan. De hecho, una inversión de 100.428 millones de euros, como propone Seopan para garantizar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), generaría 1,4 millones de nuevos empleos a tiempo completo (desde 2021 a 2026) y tendría un retorno fiscal de 46.292 millones de euros. No obstante, las cantidades destinadas a infraestructuras para 2021 hacen que este logro quede lejos.
El presupuesto asignado a la política de «Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes» asciende a 11.527 millones de euros, estando previsto que los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea aporten a esta política 4.696 millones de euros (el 41%). Es decir, del presupuesto nacional saldrán 6.832 millones de euros, lo que supone un incremento del 27,3% respecto lo previsto en 2020. Según explicó el Ejecutivo, el objetivo de esta partida es optimizar las inversiones e incrementar la resiliencia de la infraestructura ante nuevas demandas y retos, a la vez que preservar y proteger el capital natural del país. Su doble vertiente hace que en esta labor participen tanto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, como el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que percibirán 8.030