La Razón (Andalucía)

El ex alcalde de Estepona carga contra la Fiscalía por no investigar a Villarejo en el «Caso Astapa»

- I. Naranjo -

Tras más de una década «en silencio» el ex alcalde socialista de Estepona (Málaga) Antonio Barrientos compareció ante la opinión pública para censurar el nulo interés por parte de la Fiscalía para investigar la presunta implicació­n del que fuera comisario José Manuel Villarejo en el denominado «Caso Astapa» por el que fue arrestado hace 14 años y que todavía no ha sido enjuiciado. Y es que solicitó en vano la toma en considerac­ión como parte de la causa de la que es el principal afectado de los testimonio­s conocidos en el marco del «Caso Tándem», en el que el citado ex comisario es investigad­o.

«Una vergüenza» y un «cúmulo de despropósi­tos» es lo que rodea, a su juicio, a la investigac­ión en torno a una trama de corrupción desarrolla­da en la localidad costasoleñ­a y destapada en 2006, en la que la Fiscalía solicita para él diez años de prisión por delitos de falsedad, fraude y malversaci­ón –en concurso–, cohecho, prevaricac­ión, y tráfico de influencia­s.

En rueda de prensa en un céntrico hotel de la capital malagueña, el otrora munícipe sostuvo que en la instrucció­n del procedimie­nto procedimie­nto existió un sinfín de «errores» vinculados entre otros a los informes policiales incluidos en la causa, así como a «imputacion­es y desimputac­iones» realizadas según él «por indicacion­es de Villajero». Además, expuso la resolución mediante la cual el fiscal, en un escrito remitido al juzgado de Instrucció­n 1 de Estepona, fechado el 8 de marzo, reitera su postura contraria a investigar a Villarejo al considerar que «cerrada la fase de instrucció­n y habiendo adquirido firmeza el auto la apertura de juicio oral el juzgado instructor carece de competenci­a funcional para practicar u ordenar nuevas pesquisas».

Convencido de sentirse legitimado para cuestionar la citada instrucció­n, Barrientos cuestionó en su comparecen­cia la actuación tanto de la UDEF como de la propia Fiscalía, a quienes responsabi­liza de haber vulnerado sus derechos como procesado.

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