Los caseros dicen sí a los controles pero con condiciones
Exigen desahucios exprés e imponer más garantías al alquiler con medidas antiokupa
mayoría de los propietarios de viviendas en alquiler estarían dispuestos a aceptar medidas intervencionistas para bajar el precio de los arrendamientos siempre y cuando éstas reviertan en algún tipo de compensación para ellos. Así se desprende del informe «Radiografía del arrendador en España. ¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?», elaborado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) y que arroja como principal conclusión que aunque los caseros españoles no están totalmente en contra de regular el mercado, sí que consideran que la Ley de Vivienda que está diseñando el Gobierno no recoge sus principales necesidades en vista de cuales son sus inquietudes y deseos.
El informe, realizado en base a 800 entrevistas, concluye que un 75% de los propietarios aceptaría medidas intervencionistas si, a cambio, se agilizasen los procesos de desahucios a un máximo de dos meses. En este sentido, más de seis de cada diez propietarios consideran que esta reducción aumentaría la oferta de viviendas en alquiler porque daría mayor seguridad jurídica a los arrendadores. En la misma línea, más del 70% estaría dispuesto a apoyar dichas medidas si pudiera consultar los antecedentes de morosidad en bases de datos oficiales o si se pudieran aumentar las garantías que se exigen a los inquilinos. Por otra parte, el 67% de los propietarios aceptaría estas medidas a cambio de una mejora en la fiscalidad de los caseros.
Respecto a la posibilidad de una congelación de las rentas cinco años, y como ocurre con la intervención en general, son mayoría los que piden también acelerar los desahucios, más garantías y consultar registros de morosos para aceptarlas.
Profundizando en la cuestión de los desahucios, el Decreto-ley 37/2020 para suspender el procedimiento de desahucio durante el Estado de Alarma producido por la pandemia es visto de manera negativa por la mayoría de los propietarios españoles, que lo consideran como un catalizador para la okupación.