« Hay riesgo de violación grave del Estado de Derecho»

Más de 2.500, la mitad de la carrera judicial, pide ayuda a Europa

Los jueces españoles han dicho basta ante una reforma judicial que consideran que supone un claro menoscabo de la independencia judicial y que atenta contra la separación de poderes y, por tanto, contra el Estado de Derecho; una reforma en la que ni siquiera se ha pedido la opinión del Consejo General del Poder Judicial o de las asociaciones judiciales. Por ello, han decidido acudir a las instancias europeas para intentar que desde allí se logre que el Gobierno rectifique una reforma lesiva en no pocos aspectos. Y no sólo han acudido en «petición de ayuda», sino que han pedido que la Comisión Europea intervenga directamente e incluso inicie un procedimiento sancionador contra España si no se rectifica. En concreto, son más de 2.500 miembros de la Carrera Judicial, casi la mitad de sus integrantes, integrados en la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria –las de mayor representatividad– y el Foro Judicial Independiente, los que han reclamado a la Comisión Europea que no permanezca inactiva ante lo que está sucediendo en España con la reforma judicial impulsada por PSOE y su socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Una petición que se realiza ante la inquietud por el «actual panorama que se cierne sobre la independencia judicial en España» y el «riesgo de violación grave del Estado de Derecho», al quedar afectado, en opinión de las asociaciones, de uno de los pilares que lo sustentan: la independencia judicial.

Es por ello que instan a la citada institución europea a que adopte «una actuación en garantía del Estado de Derecho en España, como valor fundamental de la UE».

En concreto, se solicita de la Comisión Europea, en primer lugar, que tome conocimiento sobre «el apagón y desapoderamiento del CGPJ y su colonización por los partidos políticos», que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), «y con ello su independencia e imparcialidad». Esta actuación, a juicio de las citadas asociaciones, «pone en riesgo el Estado de Derecho, lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión». Este precepto es el que alude directamente a que uno de los valores de la Unión es, precisamente, el Estado de Derecho como uno de sus fundamentos.

A la vez, se reclama que la Comisión Europea inste directamente al Gobierno para que aborde las reformas legislativas que garanticen la independencia total del Consejo General del Poder Judicial.

Y , en el supuesto de que no se atienda lo anterior por parte del Ejecutivo español y no se subsane esa situación denunciada, las asociaciones reclaman que la Comisión Europea inicie el procedimiento previsto en el art. 7 del Tratado de la Unión Europea, de constatación de riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España. El mencionado artículo 7 del Tratado de la UE hace referencia a la posibilidad de sancionar a un Estado miembro, en este caso España, cuando se constata que ha violado algunos de los valores propios de la UE. En supuesto español se trataría de la independencia judicial relacionada con la separación de poderes, es decir, del Estado de Derecho.