Una fiscalidad abusiva e injusta que lastra el empleo y la economía
Nueve de cada diez españoles admiten que existe una gran actividad sumergida
Friedrich Schneider es profesor de Economía e investigador del Instituto de Banca y Finanzas en la Universidad Johannes Kepler de Linz (Austria) y uno de los mayores estudiosos del fenómeno de la economía sumergida en Europa.
En el pasado mes de mayo de 2020, el economista Schneider advertía que la crisis económica motivada por el Covid19 impulsaría de nuevo la economía sumergida en España. Estimó entonces que se podría situar en el 17,1% del Producto Interior Bruto (PIB). Según sus conclusiones, esa deriva significaría un aumento de dos puntos con respecto a su peso en la economía de nuestro país en febrero de 2020. Este fenómeno combinado con la rigidez inexplicable en el mercado laboral español elevaría más probablemente a cuatro millones los trabajadores y autónomos que no tendrían otra opción que estar al margen de la economía formal.
Anualmente Schneider publica un informe sobre la evolución de la economía «B» en el viejo continente. En sus estudios siempre destaca a España como uno de los países con mayor ocultación de la actividad económica, o lo que es igual con mayor índice e impacto de fraude sobre la actividad. El investigador considera que las causas principales son la sobrerregulación del mercado de trabajo y la imposición indirecta.
Schneider aporta dos soluciones para aflorar esta importante porción de la economía, la disuasión y los incentivos. La primera con mayor inspección sobre estas actividades y la segunda, facilitar el tránsito de la economía opaca a la oficial mediante amnistía fiscal y simplificación administrativa, disminuir el exceso de regulación y contribuir al óptimo acceso al crédito bancario.
El impacto sobre la recaudación fiscal, directa o indirecta, la calcula entre 60.000 y 80.000 millones de euros. Lo que equilibraría el gasto e ingreso público y habría margen para una bajada generalizada de impuestos y la supresión de otros tributos. En los modelos que maneja, la cotización a la Seguridad Social se incrementaría notablemente, lo que permitiría sanearla y afrontar con mayor certidumbre el futuro de las pensiones, al tiempo que despejaría el terreno a una bajada de las cotizaciones a empresarios y trabajadores.
Otros países como los nórdieconómico cos apenas tienen este problema. Son sociedades con prácticamente pleno empleo, lo que presiona al alza salarios y precios, por lo que la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales son muy elevadas. Ese flujo de caja permite mantener un estado de bienestar de muy alta calidad, simultaneado con una elevada renta per cápita de los ciudadanos. El paraíso nórdico del que se habla parte precisamente de unas coordenadas sociales y laborales muy específicas.
Intentar subir la presión fiscal española a la nórdica o centroeuropea tendría consecuencias catastróficas para la competitividad y supervivencia del tejido y laboral español. La solución a esta situación disfuncional pasa por reducir la vergonzante tasa de desempleo y de economía sumergida. Con cuatro millones más de españoles cotizando a la Seguridad Social y pagando sus impuestos directos e indirectos, no habría ninguna necesidad de subir la presión fiscal.
En el estudio más amplio sobre impuestos realizado por el CIS desde el pasado año 2020, el barómetro de opinión pública y política fiscal , correspondiente a julio de ese año, el 57,5% de los españoles afirmaba que se beneficiaba poco o nada de lo pagaban a las administraciones públicas en impuestos y cotizaciones.
Al 58,3% llegan los españoles que manifiestan que las administraciones públicas les dan menos de lo que pagan en impuestos y cotizaciones.
En el mismo estudio tan solo el 10,1% de los ciudadanos considera que pagamos pocos impuestos. Porcentaje que contrasta con el 40,3% que cree que se pagan demasiados y el 44,2% que califica de regular.
En cuanto a lo equitativo del pago de impuestos, el 77,2% considera que no son justos, frente al 15,5% que entiende que sí se cobran con justicia.
En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, es clamoroso que el 89,9% de los españoles reconozca que hay mucho o bastante. Y lo es más aún que los esfuerzos de la clase política por combatirlo no estén a la altura de su gravedad. Ese clamor debería alertar a las administraciones públicas de que la solución no es la subida sistemática de impuestos, que asfixiaría a la economía, sino la lucha contra el fraude para que emergiera la economía subterránea.