Escrivá presume de evitar un recorte del 30% en las pensiones
Explica que con el sistema de revalorización del PP, que limitaba el alza al 0,25% anual mientras hubiera desajustes, perderían casi un tercio de su poder adquisitivo
El sistema de pensiones afronta lustros de desajustes. Al menos así lo reconoció ayer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aunque con otras palabras. Desde que en 2011 la crisis financiera descuadrara por primera vez las cuentas del órgano gestor de las pensiones, se acumulan ya diez años seguidos computando déficits. El mayor, el del pasado año, cuando se batieron todos los récord y el desfase presupuestario alcanzó un 2,6% del PIB, el equivalente a 29.685 millones de euros que hubieran sido 51.000 millones, un agujero semejante al 5% del PIB, si el Estado no hubiera transferido de forma urgente 22.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado.
Escrivá admitió ayer que si se aplicara «estrictamente» el actual índice de revalorización de las pensiones, el llamado IRP, los pensionistas podrían llegar a perder hasta un 30% de poder adquisitivo. Este índice, que entró en funcionamiento en 2014, trataba de asegurar la sostenibilidad de las pensiones, por lo que sólo era de aplicación en caso de déficit del sistema. De hecho, contemplaba mayores revalorizaciones en años en los que mejorara la situación financiera de la Seguridad Social, lo que supone un aumento de los ingresos y una disminución de los gastos. En cualquier caso, el aumento anual de la pensión nunca podía ser inferior al 0,25%, ni tampoco superior a la inflación más un 0,5%.
En este contexto, el hecho de que el ministro del ramo asegure que los pensionistas perderían un 30% de poder adquisitivo con el IRP los próximos años equivale a reconocer la larga travesía de déficit que aguarda a las cuentas de la Seguridad Social.
De hecho, este indicador es mucho más potente y realista sobre la salud financiera del sistema de pensiones que, por ejemplo, la evolución de las cotizaciones o el número de afiliados, que son los que habitualmente se utilizan. Aunque fue el propio PP quien aprobó su no aplicación desde 2018 como consecuencia de la negociación de los Presupuestos Generales ese año, el IRP adelantado para 2021 se sitúa en el -2,36%, bastante peor que el de 2020 del -1,65%. Esto indica una peor situación financiera del sistema de pensiones, rompiendo la tendencia de 2018 y 2019, cuando mejoraron las cotizaciones y el Estado apoyó el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social con una inyección de 1.334 millones en 2018 y de 1.934 millones en 2019.
Con estos desajustes, la Seguridad Social supera los 85.000 millones de deuda y cerrará en los 100.000 millones al no computar ya los préstamos del Estado en el pasivo de la Tesorería. Esa gigantesca y necrosada losa supone nada menos que la deuda conjunta de gigantes en permanente evolución como Telefónica (37.744 millones a cierre de 2020), Iberdrola (37.537 millones) o Naturgy (15.268 millones).
Escrivá ha propuesto recuperar la revalorización de las pensiones en función del IPC del año anterior y, para evitar reducciones en la prestación durante los años de inflación negativa, compensar las tasas de esos años a lo largo de los tres ejercicios siguientes. La recuperación de la indexación al IPC condena definitivamente al IRP.
Durante su paso por la Autoridad Fiscal (AIReF), Escrivá ya explicó que la aplicación del 0,25% de revalorización de las pensiones llevaría a una probable pérdida del poder adquisitivo de las mismas, aunque remarcaba que se mantendría la relación entre la pensión media y el salario medio.