La Audiencia acerca al banquillo a la familia Pujol ocho años después
Avala los indicios para procesarles por organización criminal y blanqueo
Ocho años después de que la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola denunciara al juez Pablo Ruz los viajes a Andorra del primogénito del ex presidente de la Generalitat, la familia Pujol está a un paso de sentarse en el banquillo. La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del matrimonio y de sus hijos por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo, fraude fiscal y falsedad documental.
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal –que avala la competencia de la Audiencia Nacional, incluso esgrimiendo una «razón práctica», la de evitar dilaciones indebidas– confirma así la decisión del juez José de la Mata, aunque archiva el procedimiento respecto al empresario Carlos Sumarroca y retira la imputación de dos delitos fiscales a Mercé Gironés, ex mujer de Jordi Pujol Ferrusola.
El tribunal –presidido por el magistrado Alfonso Guevara– ratifica los indicios de que hubo una actuación «claramente concertada» de todos los integrantes de la familia Pujol que se plasmó en la apertura y cierre simultáneo de cuentas bancarias en el extranjero, así como de movimientos de fondos entre ellas, «que indiciariamente obedece a una estrategia orientada a ocultar su origen». Un origen que sitúa en determinadas operaciones «ilícitas» vinculadas con «determinadas resoluciones de la administración autonómica catalana».
«Se trata de una serie de actuaciones, prolongadas en el tiempo, de todos los miembros de la familia investigados», señala la Sala, que hace referencia a «los respectivos papeles asumidos por cada miembro» detallados por el instructor.
De la Mata sostiene en su auto de procesamiento que «aprovechado su posición privilegiada» y su «ascendencia» en la vida política y económica catalana, la familia acumuló un «patrimonio desmedido» entre 1992 y 2014 «directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas», unas cantidades que, según el instructor, se corresponden con las que ocultaron en Andorra.
La defensa de Jordi Pujol esgrimió que «no hay indicio alguno» de que el ex presidente de la Generalitat «realizase a favor de las empresas» de su primogénito «la más mínima gestión, sugerencia, invitación o influjo, por lo que no puede atribuírsele el delito de organización criminal». Sin embargo, la Sala desestima esos argumentos, avala la suficiencia de los indicios contra él y se remite a lo que decidan las acusaciones respecto a la imputación de los delitos en sus escritos de calificación.
Para la Audiencia todos formaron parte de «una asociación ilícita inicialmente y una organización criminal con posterioridad» (teniendo en cuenta el cambio normativo que se produce durante el período investigado). Los magistrados rechazan así los recursos de la defensa de la familia Pujol al avalar los indicios sobre la existencia de «una serie de actuaciones de la organización» que estarían destinadas a «orientar en determinada dirección diversas resoluciones administrativas, aprovechando el cargo» de Jordi Pujol al frente de la Generalitat, «fruto de lo cual se obtenían importantes rendimientos económicos que eran ingresados en cuentas bancarias en el extranjero» para «ocultar su origen ilícito».
La Sala ve una actuación concertada para ocultar fondos «ilícitos» por «orientar» decisiones de la Generalitat