Un juez investiga por malversación el rescate a Plus Ultra
Las «dos» de Economía y Hacienda junto a otros trece cargos deberán responder
Un juez de Madrid ha abierto una investigación por un posible delito de malversación contra quince altos cargos del Gobierno
por la ayuda de 53 millones de euros concedida a la aerolínea sin cumplir los requisitos necesarios.
El rescate de Plus Ultra ya está bajo la lupa judicial. Una juez de Madrid ha decidido admitir la denuncia de Manos Limpias e investigar si se cometió malversación al conceder a la aerolínea una ayuda de 53 millones de euros. La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de la capital, Esperanza Collazos, quiere esclarecer si el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, actual vicepresidente, y los miembros de su Consejo de Administración malversaron dinero público al conceder esa ayuda de 53 millones.
La magistrada quiere que la SEPI identifique a todos y cada uno de los integrantes de ese Consejo cuya actuación está decidida a investigar. A este organismo pertenecen, en calidad de vocales, vocales, 14 altos cargos de nueve ministerios, entre ellos las «número dos» de Hacienda y Economía, Inés Bardón y Ana de la Cueva, respectivamente. Pero la relación incluye, además de secretarios de Estado, a subsecretarios y directores generales de otras carteras como Transición Ecológica, Defensa, Transportes, Trabajo, Industria y Presidencia.
En la resolución, adelantada por «El Español» y a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada centra la investigación en la existencia de un posible delito de malversación, obviando los otros tres, entre ellos tráfico de influencias, que también imputa a Lora el colectivo denunciante. Y es que para la instructora los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal». Y dado que no están determinadas «la naturaleza naturaleza y circunstancias» de los mismos «ni las personas que en ellos han intervenido», añade, acuerda abrir diligencias previas para esclarecer esos extremos.
Como primeras diligencias de investigación, la instructora pide a la SEPI no solo que ponga nombres y apellidos a las personas que tomaron la decisión de conceder la polémica ayuda, sino que reclama que se pida a la sociedad estatal «el expediente completo tramitado para la ayuda pública» otorgada.
En la denuncia, Manos Limpias considera a los miembros del Consejo de Administración de la SEPI «cooperadores necesarios» de la conducta supuestamente delictiva que les atribuye, pues tenían a su cargo «la administración, dirección y gestión» del organismo y la administración de los fondos de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, de 10.000 millones, del que se benefició la aerolínea. Unas ayudas que, según la UE, deben ser de carácter estratégico y para empresas que atraviesen dificultades financieras que amenacen su supervivencia.
El colectivo que dirige Miguel Bernad –que se sienta en el banquillo del «caso Ausbanc» acusado de supuestas extorsiones a entidades bancarias a cambio de retirar denuncias judiciales– hizo hincapié en que la aerolínea difícilmente puede considerarse estratégica cuando operaba solo «con el 0,03% de los vuelos en España» y arrastra números rojos desde su fundación en 2011, con unas pérdidas de diez millones de euros. «Solo tiene un avión en activo, con 17 años de antigüedad», que además «solo ha hecho un vuelo a Venezuela», señalaba en la denuncia.
Manos Limpias –que también llamó la atención sobre el hecho de que Plus Ultra transporta únicamente al 0,08% de los pasajeros internacionales «y aporta menos del 1% de las conexiones aéreas» en Barajas– reclamó que se instase a la SEPI a facilitar el plan de viabilidad de la compañía aérea en manos venezolanas y que se solicitase a la aerolínea los informes económicos y jurídicos sobre su situación elaborados por las consultoras DC Advisory y Deloitte. Unas diligencias sobre las que, por ahora, la juez que investiga los hechos no se ha pronunciado.
El pasado abril, Manos Limpias amplió su denuncia. Tras apuntar a «una motivación política, y no económica» en la polémica ayuda, añadió otros dos delitos, corrupción en los negocios y contra el mercado y los consumidores (por alteración de precios que impidan la libre competencia), y sumó otros tres denunciados: el presidente de la aerolínea, Fernando García Manso, y sus máximos accionistas –a través de las sociedades Snip Aviation y Flyspain– José Reyes Rojas y Raif El Airigie Harbie.
En ese escrito recuerda que el fondo de ayudas a la solvencia a empresas estratégicas se dirige a compañías que no estuvieran en dificultades financieras antes del 31 de diciembre. Sin embargo, subraya, Plus Ultra «tenía acumulada una deuda de más de diez millones de euros».
Manos Limpias asegura asimismo que tres bancos, Santander, BBVA y Bankinter, «rechazaron financiar a la compañía Plus Ultra, aunque hubiera aval del ICO».
Admite la denuncia de Manos Limpias y pide a la SEPI que identifique a los miembros de su Consejo de Administración
La magistrada asegura en su resolución que advierte indicios de «la posible existencia de una infracción penal»