Patrimonialización de España
No veo por qué van a respetar el BOE, si no respetan lo demás. Naturalmente que lo usarán a su favor, siempre que les sea posible. El Gobierno que nos ocupa, el nuestro, recurre sin pudor a los mecanismos del Estado que necesita, desde el CIS hasta AENA, desde la Guardia Civil a las subvenciones y no duda en saltarse hasta las leyes si lo necesita para afianzar el poder. Pedro Sánchez ha metido en cajones informes del Consejo de Estado contrarios a sus intereses. Ha mentido acerca de informes internacionales sobre la pandemia. Ha usado sus contactos políticos en los ministerios para que le redactasen una tesis y un libro. Su fiscal general del Estado es la ex ministra Dolores Delgado y es vox populi que considera que el jefe de la Fiscalía es él. ¿Qué cabe esperar de nadie así?
No vamos a pecar de ingenuos, los gobiernos tienen a menudo esa tentación, aquí y en el orbe entero. En la lucha contra ETA, por ejemplo, el de Felipe González usó los fondos reservados de forma criminal. Y no hay legislatura que no concluya con ministros procesados por usar a su favor la policía o subvencionar a los cercanos. Pero en el caso de Pedro Sánchez, cabe hablar realmente de patrimonialización del Estado. El presidente usa aviones y helicópteros oficiales para viajar con sus amiguetes y se niega a dar los datos que exigen al respecto organismos competentes, como el Portal de Transparencia. Para él no hay barreras entre lo doméstico y lo público, ¿cómo va a haberlas entre su Gobierno y los recursos del Estado?
En estos momentos es parte del debate público el escándalo Plus Ultra. Cincuenta y tres millones de euros del erario que han ido a subvencionar una compañía a aérea nimia, sin apenas vuelos, calificada desvergonzadamente por las ministras como de «interés estratégico» porque sus dueños son socios empresariales de personas cercanas al régimen de Caracas.
Esta misma semana ha salido una muy sospechosa encuesta sobre la campaña electoral madrileña, manifiestamente sesgada a favor del PSOE, confeccionada por el señor Tezanos con el fin de intentar enderezar el desastre electoral al que se enfrenta Ángel Gabilondo. Estamos tan acostumbrados a estos sondeos tramposos, que no se nos levanta una ceja por la manipulación, pero el CIS se ha precipitado hacia un desprestigio manifiesto y, cuando hablas con los empleados de toda la vida, te comentan con desamparo que el prestigio ganado en años se ha perdido de un plumazo.
En la misma línea, cuando el ministro José Luis Ábalos fue a Barajas a entrevistarse con Delcy Rodríguez, no dudó en hacer abuso de las instalaciones de AENA y del trabajo de los funcionarios. Hasta se pretendió que las filmaciones existentes fuesen destruidas, cosa que ha impedido la acción judicial.
La propia Guardia Civil ha reconocido, en un episodio bochornoso, que entre sus funciones está interceptar mensajes contrarios al poder del Gobierno. Y qué decir, por ejemplo, del caso Pérez de los Cobos, el del coronel de la Guardia Civil cesado por el ministro Marlaska por no informar de una investigación en curso sobre las manifestaciones feministas del 8 de marzo de 2020 en la que tenía deber de reserva, reforzada por orden expresa de la juez Carmen Rodríguez Medel. La Audiencia Nacional ordenó la readmisión del coronel, tras uno de los más claros casos de abuso de poder y maltrato profesional que cabe recordar.
El Gobierno recurre sin pudor a los mecanismos del Estado que necesita y no duda en saltarse las leyes para afianzar el poder