Movilidad social
Las opciones de los españoles para mejorar de nivel de vida se reducen
Los tiempos de pandemia han desnudado muchas de las debilidades que venían aquejando a España en las últimas décadas, y una de ellas es el bloqueo de la movilidad social, la escasísima o nula posibilidad que tienen muchos de sus ciudadanos de ver recompensado su esfuerzo o mérito con independencia de su origen social y económico. Es la tesis de un reciente estudio de la consultora que preside el economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, Freemarket Corporate Intelligence, titulado «Reparar el ‘‘Ascensor Social’’», que analiza con datos y perspectiva esta realidad tan «Made in Spain» que amenaza con alejarnos aún más de nuestros vecinos europeos en el despegue de la sociedad digital.
Partiendo de la base de que la movilidad social es un pilar fundamental en una sociedad capitalista, los autores constatan la «creciente impresión de que el éxito de los hijos depende cada vez más del status económico de los padres», y de que empieza a «asentarse la idea de que las familias menos favorecidas tienen pocas posibilidades de ascenso social mientras las ricas mantienen su posición generación tras generación».
Las razones, dice el informe, no son atribuibles a fallos del mercado, sino que «son las políticas públicas vigentes la causa fundamental del deterioro de la igualdad de oportunidades. Es «el marco institucional el que obstaculiza y desincentiva la movilidad ascendente» de las clases menos favorecidas. Estamos, dice el estudio, ante un clásico «fallo de Estado» provocado principalmente por las graves deficiencias del sistema educativo, el mercado laboral y el sistema de protección social.
Según los indicadores de Carencia Material Severa (CMS), verdadero indicador de la carencia de servicios o bienes esenciales, el 4,7% de los españoles la sufre, el mismo porcentaje que Reino Unido o Francia, y menos que Grecia o Italia. El riesgo de caer en CMS depende mucho de la educación y formación de los ciudadanos. Solo un 1,7% de que los que tienen educación superior en España corren el riesgo de caer en la CMS, por los siete de cada cien de aquellos que cuentan con Primaria. También influye la estructura familiar: las familias con un solo adulto y niños tiene un 9,5% de probabilidades, cuando la media tiene un 4,6% y las parejas sin hijos un 3,2%.
España ocupa el puesto 28 de los 82 países incluidos por el Foro Económico Mundial en su Índice Global de Movilidad Social. Dinamarca encabeza este ranking y se traduce en que una persona nacida en una familia con pocos recursos de este país tardará dos generaciones en conseguir los ingresos medios. En España se necesitan cuatro generaciones. En Brasil, nueve. Los peores indicadores españoles están en educación y oportunidades laborales, afectadas éstas por un abultado paro donde hay muchos desempleados de larga duración, y un mínimo porcentaje de contratos indefinidos.
Respecto a la educación, España cuenta con el mayor porcentaje de abandono prematuro de la UE, un 17,3% frente a la media del 10,2%; hay un 29% de repetidores frente al 13% europeo; solo un 38% de nuestros docentes usan nuevas tecnologías cuando en la OCDE la media es del 56%. Si atendemos a los informes PISA, el desempeño en Matemáticas de los estudiantes españoles es diez puntos inferior y la enseñanza en ciencia seis, y sus habilidades lectoras caen desde 2015. A pesar de los incrementos en las asignaciones de gasto público en los últimos 20 años, dice el informe de Freemarket, «España tiene un sistema educativo que no tiene calidad suficiente para generar el capital humano necesario para soportar el binomio crecimiento-altos salarios en una economía y en una sociedad del siglo XXI». «La formación secundaria pública ha dejado de ser un ascensor social ... para convertirse en unan trampa en la que los niños y los jóvenes de los entornos económicos menos favorecidos se ven condenados a no desarrollar sus potencialidades y a ver hipotecado su futuro», sentencia.
En cuanto a nuestro mercado laboral, se mantiene como uno de los más rígidos de la OCDE pese a la reforma de 2012 que el actual Gobierno prometió derogar. En él conviven dos mundos paralelos, el de los trabajadores con empleo fijo y los que tienen uno temporal, una dualidad que sufren especialmente las mujeres y los jóvenes. Hace diez años los trabajadores temporales eran el 32% del total. Ahora son el 24%, según la EPA. El riesgo de pobreza entre estos es del 27%, mientras que entre los fijos es del 7,3%. «La tasa de conversión de contratos temporales en fijos sigue siendo muy baja, y esto tiene una causa fundamental: el coste del despido», pero también influye en la falta de oportunidades el paro de larga duración, que hoy supone una cuarta parte del total después de alcanzar el 45% en 2015.
Los autores también matizan la idea de que España tiene un gasto en protección social muy inferior al de la media europea. En programas de bienestar y cobertura social estamos ligeramente por debajo, pero en gasto en general en este área superamos a países como Irlanda o Países Bajos. La diferencia está en los efectos que producen esas ayudas en las personas vulnerables. En España, el riesgo de pobreza antes de las transferencias sociales está por encima de la media. Pero después de éstas caemos por debajo, lo que demuestra la ineficiencia de nuestro sistema, que fracasa a la hora de hacer llegar los recursos a los menos favorecidos.