La Junta rechaza reducir las ratios por su «coste-beneficio»
El debate de la ratio no es nuevo sino recurrente, sobre todo en función de la formación que gobierne. El Consejo de Gobierno, en sesión celebrada el 13 de abril, aprobó el acuerdo por el que manifestó su criterio contrario respecto a la toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por los diputados de Adelante y sus expulsados. El Gobierno andaluz señaló que «Andalucía actualmente tiene una ratio acorde con la media europea. Concretamente, la ratio de España es de 20,9 en los centros públicos, al mismo nivel que Alemania e inferior a las de Dinamarca, Portugal, Países Bajos, Francia o Reino Unido». La Junta alega que «reducir las ratios tendría un impacto económico desmedido, si consideramos los gastos en personal, las inversiones reales en infraestructuras educativas y los gastos corrientes en bienes y servicios que conllevarían, tanto en los centros docentes públicos como en los concertados, lo que supondría aplicar una visión reduccionista del servicio administrativo que olvida otros muchos aspectos de necesaria intervención y mejora en el servicio educativo, no siendo ni la estrategia más adecuada en términos de coste-beneficio ni la única posible para su mejora, ya que existen opciones formativas, programáticas y de medios menos costosos y de igual o mayor efectividad que potenciarían el servicio educativo en su actual contexto normativo, ya implementados o en vías de implementación».
El PSOE-A señala que la Junta «genera desigualdad» al eliminar 1.500 unidades públicas de Infantil y Primaria en dos cursos. Unidas Podemos afea a la Junta los «incentivos fiscales» a la educación privada «mientras deteriora el sistema público». En el último Pleno, sindicatos y Ampas rodearon el Parlamento por la bajada de las ratios, contra «el cierre de 45 clases y el recorte de 1.100 plazas» en Sevilla. Ustea ha ido incluso a la Fiscalía . Llaman la atención, en particular, sobre la situación en Mairena del Aljarafe, «donde los colegios públicos pierden 5 clases, mientras que los privados concertados conservan su oferta íntegra». José Manuel Quintero es uno de los padres afectados, quien señaló que «recortar recursos siempre afecta a la calidad» y que habrá hermanos en colegios diferentes. En el ámbito rural, la falta de oferta agrava la situación. José Ramón Fernández tiene a su hijo escolarizado en Nueva Jarilla, pedanía de Jerez. Su hijo Antonio está en una clase mixta de 4 y 5 años y 16 niños con un docente, al matricularse uno con el curso empezado. «No se tienen en cuenta las necesidades especiales», señala. Los padres acudieron a la Delegación de Cádiz y les dijeron que con un alumno más, 17, habría otro profesor porque a efectos de ratio «somos sólo números».