La Razón (Andalucía)

El hachazo fiscal del Ejecutivo para 2023 supone más de 6.000 millones

El fin de la reducción de la tributació­n conjunta en el IRPF supondría 2.393 millones

- Inmaculada González de Molina

El Ejecutivo ha perfilado las líneas generales del hachazo fiscal que prepara para 2023 en su Plan de Recuperaci­ón, que remitió el viernes pasado a Bruselas y que abrirá la puerta a la llegada a España de los 140.000 millones de fondos europeos que le correspond­e para la reconstruc­ción postcovid-19. En este escenario, ahora, más que nunca, subir o bajar impuestos se ha convertido en el gran dilema entre la izquierda y la derecha. ¿Pero quién soportará el mayor peso de este incremento de tributos? ¿Cuánto pretende ingresar el Ejecutivo con este hachazo? y ¿qué financiará con el mismo? A partir de 2023 será más caro matricular un vehículo, repostar carburante, planificar un plan de pensiones privado, heredar un piso de los padres, comprar una botella de zumo o de leche que use un envase de plástico desechable, viajar en avión y pagar las cotizacion­es sociales por trabajar. Además, el Gobierno no descarta subir el IVA del 4% y del 10% al tipo general del 21% a los bienes que «consumen las rentas altas», así como que tributen más por IRPF las parejas, en las que, por avatares del mercado laboral, sólo trabaje uno de los cónyuges o uno de los dos tenga rentas muy bajas. Es decir que este hachazo fiscal que prepara el Gabinete de Sánchez afectará, fundamenta­lmente, a las rentas bajas y medias. Con este alza generaliza­da de tributos, el Gobierno espera ingresar más de 6.000 millones.

Y ¿a qué destinará esta mayor recaudació­n? El Ejecutivo la dedicará a sufragar el gasto en pensiones, que se disparará en los próximos ejercicios por una jubilación masiva de la generación del baby boom y a financiar la revaloriza­ción en función del IPC de las nóminas de pensionist­as y de funcionari­os, que este año ha disparado el gasto en más de 3.000 millones y que el año que viene lo hará en casi 6.000 millones. De hecho, el Ejecutivo estima un coste sólo por revaloriza­r las pensiones en 2050 de 2,5 puntos del PIB, más de 10.000 millones.

¿Qué impuestos subirá el Gobierno? Para empezar, las cotizacion­es máximas de los trabajador­es a lo largo de tres décadas. Esta medida afectará a 1,2 millones de trabajador­es, con ingresos superiores a la base máxima actual. Este alza de cuotas sociales a empresas y a trabajador­es «deberá ser concurrent­e con una modificaci­ón de la pensión máxima para no alterar la naturaleza contributi­va del sistema», según el Plan de Recuperaci­ón. En este punto, Podemos defendía, en su día, recaudar 7.600 millones más por este alza de cuotas.

Para seguir, el Plan prevé retocar las bonificaci­ones en el IRPF. «Errata», como jusiticó Calviño, o no en la redacción del mismo, el hecho es que el grupo de expertos, que ha constituid­o Hacienda para diseñar la reforma fiscal, estudiará, a propuesta de la AIReF, la eliminació­n de la reducción de 3.400 euros en la base imponible del IRPF de las declaracio­nes conjuntas. Si el Ejecutivo, al final, decide suprimir esta reducción, los matrimonio­s españoles pagarán 2.393 millones más por IRPF. Además, desaparece­rá la bonificaci­ón por aportación a planes de pensiones privados del IRPF. Medida con la que se abonará por este impuesto 1.643 millones más. El Gobierno ha asegurado a Bruselas su eliminació­n y su sustitució­n por otro beneficio fiscal centrado en los planes de pensiones de empleo.

Además, prepara un impuesto a los ricos. ERC propuso, en su momento, uno de más de un millón de euros con un tipo impositivo del 3%. Según los cálculos de Podemos, con este nuevo tributo se podría recaudar 1.000 millones más al año. El Ejecutivo armonizará también los Impuestos cedi

dos de Sucesiones, bonificado al 99% en Madrid, Andalucía y Galicia, y Patrimonio. Esta armonizaci­ón, que supone subir estos tributos, choca frontalmen­te con la LOFCA. El contribuye­nte pagará también más por el impuesto de matriculac­ión, con la supresión de los beneficios fiscales de los vehículos contaminan­tes, precisamen­te los de segunda mano, a los que acceden las rentas más bajas. Este tributo está transferid­o a las comunidade­s, que gravan con entre un 4,75% y un 14,75% la adquisició­n de vehículos en España que emitan entre 120 y más de 200 gramos de dióxido de carbono por kilómetro.

Fumar, beber o llenar el depósito con diésel también será más caro. Así, los expertos estudiarán subir más los impuestos especiales que gravan el tabaco, el alcohol y las gasolinas, con un alza del diésel, que pretendía para este año el Gobierno y que el PNV impidió a cambio de su apoyo a los Presupuest­os del Estado. Sólo con el impuesto de diésel aumentará la recaudació­n en casi 500 millones. El Gobierno espera ingresar otros 700 millones por el nuevo impuesto indirecto a envases de plástico no reutilizab­les y que gravará su fabricació­n, compra e importació­n. Viajar en avión también se encarecerá al estar gravado con un nuevo impuesto especial sobre el transporte aéreo. Las empresas tampoco se librarán de este alza fiscal, con un aumento del tipo efectivo del Impuesto de Sociedades.

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EFE La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en un debate de televisión

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