El Banco de España pide abaratar el despido
El Banco de España propone compensar una reducción de las indemnizaciones con una hucha que los trabajadores puedan cobrar si pierden o cambian de empleo o se jubilan
La pandemia del coronavirus ha provocado una crisis económica sin precedentes en tiempos de paz, que ha situado a España de golpe en las postrimerías de la Guerra Civil. Ahora las incógnitas a despejar son saber cuándo regresará nuestro país al ritmo de crecimiento de la prepandemia y qué recetas aplicar para reducir al máximo en el tiempo los efectos perversos de la crisis. A estas dos preguntas trata de contestar el Banco de España en su informe anual de 2020, centrado, como no podía ser de otra manera, en el análisis de las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Según el informe, a corto plazo, las perspectivas apuntan a que la economía española se recuperará con relativo vigor a partir de la segunda mitad de este año, si bien los efectos adversos de la pandemia sobre el nivel del PIB, el empleo y las cuentas públicas perdurarán aún varios años. En este contexto, lanza una aviso a navegantes: el alza del endeudamiento, junto con el elevado déficit público estructural, hace a la economía española más vulnerable.
Crisis persistente
Ante este panorama nada halagüeño, el Banco de España vuelve a repetir recetas para fortalecer la recuperación y reducir el déficit público y la deuda. Así, recomienda la adopción de un paquete de reformas estructurales ambicioso, que involucre a todas las administraciones públicas y sea fruto del consenso, dirigido fundamentalmente a acabar con la dualidad del mercado laboral, a garantizar el sistema público de pensiones y a retocar el modelo tributario español. En este último punto, defiende una revisión integral de todos los capítulos de gastos e ingresos públicos. Por el lado de los ingresos, cree conveniente «abordar una revisión integral del sistema tributario para conseguir que la recaudación fiscal sea suficiente para financiar el nivel de gasto que se pretende acometer».
«Solo de esta manera es posible maximizar la eficiencia en la captación de los ingresos impositivos y minimizar las distorsiones que ello genera en la actividad económica». En ese sentido, aconseja, en sintonía con el Gobierno y con la AIReF, revisar con detalle los múltiples beneficios fiscales que contempla nuestro sistema tributario. «Como la AIReF ha señalado en este ámbito existe un amplio margen de mejora. En particular, estos beneficios no solo suponen una merma muy significativa de los ingresos públicos (en el promedio del período 2016-2019 representaron un gasto fiscal anual cercano al 5% del PIB), sino que, en algunos casos, ni siquiera están cumpliendo adecuadamente con los objetivos para los que fueron diseñados». Acto seguido, recuerda las recomendaciones realizadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que aconseja, entre otras medidas, la revisión de los tipos reducidos del IVA, la reformulación de la reducción por arrendamiento de vivienda en el IRPF y la reconsideración de los tipos reducidos en los impuestos especiales sobre el diésel. Además, considera necesario que, en algunos casos, la imposición en España persiga un alto grado de coordinación internacional, como en la introducción de nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y sobre los servicios digitales, con el fin de maximizar su efecto recaudatorio y evitar la deslocalización de las bases impositivas o distorsiones competitivas. En relación con la reforma del mercado laboral, propone destinar más de 8.000 millones de los fondos europeos que percibirá España a financiar la transición durante cuatro años del sistema de despidos actual a otro mixto, orientado a reducir la brecha existente en las indemnizaciones entre los contratos temporales y los fijos. Para ello, defiende la implantación de un sistema mixto que combine una reforma de los costes de despido en nuestro país, encaminada a favorecer una distribución más equitativa entre los distintos tipos de contratos, con el establecimiento de un fondo de capitalización en el que las empresas realicen periódicamente una contribución a nombre de cada uno de sus trabajadores. Los empleados podrían recuperar estas contribuciones en caso de despido, cambio de empresa o en el momento de la jubilación. Este sistema mixto es el que se conoce popularmente como mochila austriaca y abarataría el coste del despido en un 50% «sin perjuicio alguno para el trabajador». De hecho, si fuera despedido, cobraría una parte de indemnización y, además, se llevaría su mochila, su hucha. En estos momentos, el Gabinete de Sánchez es contrario a este sistema mixto de despido. Sin embargo, en principio, la vicepresidenta económica lo estudió como viable para reducir la dualidad del mercado laboral.
Pide una reforma fiscal integral para elevar la recaudación tributaria y financiar así el aumento del gasto previsto