Fuerza bruta

De nuevo, nubarrones bélicos recorren Próximo Oriente y anuncian enfrentamientos de mayor envergadura entre palestinos e israelíes. El objeto de la disputa está en los orígenes del conflicto, en el desarrollo que ha experimentado, pero también en la demostrada incapacidad de la comunidad internacional para proporcionar una paz estable y duradera. Las grandes potencias tienen una responsabilidad primordial en este caso y, en particular, EE UU, a quien le corresponde la obligación de condenar todo uso ilícito de la fuerza armada.

Los ataques de los últimos días entre Hamas e Israel son la consecuencia más patente de un conflicto que no encuentra solución y que siempre trae aparejado la pérdida de muchas vidas humanas. Ha quedado demostrado que la ONU no es capaz de implementar una respuesta que ponga fin a los enfrentamientos. Todo hace presagiar que la política israelí de desalojo de palestinos de Jerusalén se impondrá con el tiempo en contra de las normas que deben regir las relaciones internacionales y de los mínimos criterios que aseguren la convivencia en la zona. La comunidad internacional debe reaccionar para evitar los actos ilícitos de Israel y también hacer inviables los ilícitos ataques de Hamas sobre la población civil. Es evidente que el pueblo palestino tiene el derecho a la autodeterminación y, con ello, a constituir y hacer viable un Estado soberano e independiente. Israel debe permitirlo y favorecerlo, porque solo sobre esta base se podrá asentar la paz. Tanto Israel como Palestina tienen derecho a la supervivencia como Estados y los ciudadanos de uno y otro deben tener la seguridad de que se respetan los derechos humanos. La fuerza militar no es la vía para resolver un conflicto de esta naturaleza y la comunidad internacional debe comprender que el diálogo y el respeto del Derecho Internacional son las únicas herramientas para una solución.