El TC tumba el traspaso de las pensiones de los funcionarios a la Seguridad Social
El Constitucional da la razón al PP: no hubo necesidad de tramitarlo por decreto
Nuevo varapalo al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. El fin de la autonomía de las clases pasivas, que traspasó por decreto el Gobierno al ministerio de Escrivá en abril de 2020, queda en suspenso. El Tribunal Constitucional ha anulado varias disposiciones del real decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo aprobado el año pasado por el Gobierno con las que culminaba la integración de las clases pasivas del Estado en la Seguridad Social.
Con nocturnidad, sin debate y por real decreto en una disposición adicional, como criticó el sindicato CSIF, el Gobierno fulminaba la autonomía en la gestión de las pensiones de miles de funcionarios pertenecientes al régimen de clases pasivas: técnicos de Administración Civil, magistrados, jueces, fiscales, funcionarios de las Cortes Generales, ex presidentes, ex vicepresidentes, ex ministros y otros altos cargos, militares de carrera, registradores de la propiedad, profesores universitarios y funcionarios transferidos en su día a las comunidades autónomas, entre otros. Sus pensiones de jubilación, de viudedad, de orfandad y en favor de los padres pasaban a estar bajo control de Escrivá, quien ya anunció en su momento su integración en la Seguridad Social para unificar las prestaciones.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero, da la razón al PP que recurrió al no ver acreditada la «extraordinaria y urgente necesidad» de las disposiciones que introdujeron cambios para integrar de forma definitiva este régimen régimen en la Seguridad Social. La sentencia se aprobó en el mismo pleno en el que se ha anulado otro polémico decreto-ley del Gobierno, el que permitió la entrada de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo, en la comisión delegada del CNI, recoge Efe. El Ejecutivo justificó la inclusión del traspaso mediante «decretazo» por la alteración del calendario por la crisis sanitaria.
Con esa disposición adicional, el Gobierno traspasaba la gestión de las pensiones de 657.118 empleados públicos, que hasta ahora manejaban los ministerios de Hacienda, a través de la dirección general de costes de personal y pensiones públicas, y de Defensa al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). El régimen de clases pasivas era un sistema a extinguir, ya que no admitía nuevos «afiliados» desde 2011.