Alerta autonómica contra el Gobierno
Las comunidades, preocupadas por la gestión de los fondos europeos, piden el mismo trato que País Vasco y Cataluña. Mientras, Hacienda ignora cuándo convocará la Conferencia Sectorial para el reparto de la ayuda
A dos meses de la primera entrega por importe de 9.000 millones de los fondos europeos que realizará Bruselas en agosto próximo a España, todas las Administraciones públicas, no sólo el Gobierno central, desean tener voz y voto sobre el devenir de las ayudas comunitarias para la reconstrucción del país en la era postcovid. Los Ejecutivos autonómicos no quieren perder la oportunidad de meter la cuchara en semejante pastel, una tarta de 70.000 millones de euros a fondo perdido repartidos durante tres años (20212023) y otra cuantía similar en créditos y, por tanto, a devolver, que en 2023, llegado el caso, el Gabinete de Sánchez estudiará si se accede o no a la misma. Ante esta magnitud de ayudas, las comunidades, con independencia de su signo político, no ocultan su preocupación por la falta de información y de transparencia con las que el Gobierno está abordando los criterios de su reparto y distribución, así como por el trato de favor dispensado a Cataluña y al País Vasco.
De hecho, como si de un zoco árabe o un mercado persa se tratara, tanto PNV como ERC se adelantaron el año pasado a los demás y durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021 apalancaron con el Ejecutivo el compromiso de que sólo Cataluña y País Vasco decidirán en sus respectivas comisiones bilaterales con el Gobierno la gestión y el destino de los fondos europeos que le corresponderán a sendas autonomías. La realidad es que esta ayuda, en principio, no se repartirá por territorios, sino por proyectos, salvo en los casos vasco y catalán. De ahí que hayan demandado al Gabinete de Sánchez el mismo trato bilateral que el País Vasco y Cataluña, según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. Así lo han propuesto Galicia, Murcia, Madrid y Andalucía. Sin ir más lejos, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la reunión que mantuvo este jueves con el jefe del Ejecutivo en La Moncloa reclamó la convocatoria de una comisión bilateral para, entre otras cuestiones, abordar la gestión y el importe de los fondos fondos europeos que le tocarán a Andalucía. La Junta reclama al Ejecutivo central 15.000 millones de euros. Parte de esta cuantía, 9.651 millones, se explica por el déficit que entiende que tiene esta autonomía desde 2009 por el actual modelo de financiación. Además, reclama otros 1.200 millones de fondos covid y 4.380 millones más a repartir de los próximos fondos europeos. En este escenario, Andalucía defiende que la distribución de las ayudas comunitarias se realice teniendo en cuenta el criterio de población y no sólo el de proyectos.
Moreno, al igual que el resto de presidentes autonómicos, demanda el mismo trato de favor que catalanes y vascos. De ahí que solicite la convocatoria urgente de la comisión bilateral que recoge el estatuto de autonomía para que se puedan tratar «todos los asuntos pendientes con un
diálogo constante» y especialmente ahora el reparto de los fondos europeos. El Gobierno respondió ayer, por boca de su portavoz, a las exigencias del líder andaluz. En ese sentido, puntualizó que no tendrá «ningún problema» en convocar la comisión bilateral «cuando las agendas lo permitan y cuando lo solicite Andalucía», como ya lo ha hecho, «u otra comunidad».
Las socialistas, recelosas
Pero no sólo las autonomías gobernadas por los populares muestran su preocupación con la futura gestión de los fondos europeos, así como con la falta de transparencia a la hora de aplicar los criterios para el reparto de los mismos. Fuentes socialistas de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana consultadas por este diario también expresan su malestar por la ausencia de luz y taquígrafos en el proceso de adjudicación de la ayuda comunitaria.
Por si fuera poco, Hacienda aún no ha decidido cuándo volverá a convocar la Conferencia Sectorial para la gestión de estos fondos europeos, que se reunió por primera y última vez el pasado mes de enero. Día después, los consejeros autonómicos remitieron su posición a Hacienda sobre el reglamento de funcionamiento de la Conferencia Sectorial y hasta el día de hoy no se han vuelto a ver las caras en este foro. No parece que ese encuentro esté próximo en el calendario. Según corroboraron fuentes del Departamento de Hacienda a LA RAZÓN, se ignora si se producirá antes o después de la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, cuya convocatoria anunció este jueves Pedro Sánchez y que tendrá lugar el próximo mes de julio.
En esta cumbre el jefe del Ejecutivo expondrá a los máximos responsables regionales cómo se implementarán estos fondos europeos, así como las reformas estructurales imprescindible para que nuestro país siga percibiendo en próximos ejercicios el resto de las transferencias a fondo perdido hasta completar los 70.000 millones de euros que corresponden a España. Además, pondrá el énfasis en que se trata de una oportunidad única para el país y que contribuirá al crecimiento del PIB en dos puntos porcentuales cada año.