No habrá fondos europeos en 2022 sin reformas
El Gobierno deberá presentar cambios en el sistema de pensiones y en el mercado laboral antes de que acabe el año que viene
Bruselas no ahoga, pero sí aprieta. Aunque España podrá optar a los 19.000 euros previstos para este año –9.000 de anticipo en julio y otros 10.000 en diciembre– sin haber concretado todavía la reforma laboral y de pensiones que siguen negociándose con los agentes sociales, el Ejecutivo comunitario exige a nuestro país un calendario detallado de reformas que será necesario para los siguientes desembolsos a partir de junio del año que viene. Nada de dormirse en los laureles. En total, España deberá cumplir 416 hitos prometidos, el 70% de ellos durante el periodo 2020-23.
El tono del documento es comprensivo, ya que la Comisión Europea considera beneficioso que estas reformas se realicen por consenso, pero también exigente. En el capítulo de pensiones, Bruselas admite que el Gobierno español haya decidido emprender una contrarreforma respecto a las tradicionales recomendaciones del Ejecutivo comunitario durante los últimos años.
Según la Comisión Europea, esta contrarreforma podría «incrementar el gasto en pensiones en el medio y largo plazo, si este impacto no está los suficientemente calibrado por otras medidas compensatorias», entre las que se encontrarían desincentivar las jubilaciones anticipadas, cambios en el periodo de cálculo de la vida laboral o aumentar las bases máximas de cotización. Cuestiones que ahora mismo se están dirimiendo entre los agentes sociales.
Para que no haya dudas de la urgencia de estas medidas, la Comisión Europea exige que antes de 31 de diciembre de 2021 se hayan tramitado la reforma para que la edad de jubilación efectiva se corresponda con la real y se incentive su retraso –por ejemplo, al permitir compatibilizar el trabajo y la pensión–. Además, antes del 31 de diciembre de 2022 también deberá estar listo el ajuste del periodo contributivo y un nuevo mecanismo para reemplace el factor de sostenibilidad y «garantice la equidad intergeneracional y la sostenibilidad presupuestaria». presupuestaria». También antes del 30 de junio de 2022, debe modificarse el sistema por el que los autónomos paguen sus cuotas de la seguridad social según sus ingresos reales y no su libre elección y antes del 31 de diciembre de 2022 la reforma para aumentar las bases máximas de cotización.
En el caso de que estas medidas no sean suficientes, Bruselas aboga por que «este incremento del gasto en pensiones podría ser mitigado a través de ajustes fiscales proporcionales en el futuro» y alude a la subida de impuestos y reducción de gasto a la que el Gobierno se ha comprometido en el plan enviado a los técnicos comunitarios.
En cuanto a la reforma laboral, Bruselas ve con buenos ojos las propuestas del Gobierno para reducir la temporalidad (30% en la administración pública y el 22% en el sector privado) con el objetivo de simplificar lo tipos de contrato e incentivar los indefinidos; convertir los ERTE en un instrumento que pueda utilizarse de manera permanente para frenar la destrucción de empleo ante una crisis económica y un nuevo sistema de negociacion colectiva. Para que no hablen tan sólo de promesas sino también de realidades, los técnicos europeos vuelven a poner fechas.
Estas tres reformas deben haber sido tramitadas antes del 31 de diciembre de 2021.