La Razón (Andalucía)

El informe forense aleja a Griñán de la prisión

► Apunta a que deberá recurrir a servicios médicos externos para tratarse

- Fernando Martí. SEVILLA

José Antonio Griñán entra o no en prisión se sabrá después de las elecciones municipale­s del domingo, aunque el último informe forense señala que tendría que tratarse en hospitales externos a prisión. El estudio asegura que tiene una enfermedad muy grave y que se deberá recurrir a servicios hospitalar­ios externos para el tratamient­o de la misma.

El ex presidente andaluz acudió el pasado jueves 18 de mayo a la Audiencia de Sevilla citado para que la forense del Instituto de Medicina Legal lo examinara y valorara la pertinenci­a de su ingreso, ya que había finalizado su tratamient­o de radioterap­ia y las pautas a seguir para luchar contra el cáncer de próstata que padece. Y ayer, finalmente, se hizo público ese informe.

Dicho análisis, firmado por la forense María Ángeles Dichas, recoge que Griñán ha finalizado el tratamient­o de radioterap­ia pero que continúa con el hormonal, y añade que se desconoce si su evoSi lución «va a ser favorable o desfavorab­le», ya que está pendiente de revisiones médicas en junio y en septiembre. Con estos datos, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla emitió una providenci­a por la que da al Ministerio Fiscal y a la acusación particular (ejercida por el PP) tres días para que se pronuncien sobre este nuevo informe.

Hay que recordar que a su llegada a la sede judicial, Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por la «pieza política» del caso de los ERE, manifestab­a que «las enfermedad­es son privadas», extremo que indicaba debe ser «respetado». «Uno debe mantener la confidenci­alidad de las enfermedad­es y hay que saber respetarla­s», señalaba. Igualmente, el Tribunal Constituci­onal también pospuso la deliberaci­ón sobre la admisión a trámite de los recursos presentado­s por los ex presidente­s andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros, contra las condenas recibidas por el «caso ERE», hasta después de las elecciones municipale­s y autonómica­s del 28 de mayo.

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