La candidata etarra de Bildu ya sabe que está inhabilitada
► Dignidad y Justicia alertó de que Majarenas, condenada por terrorismo, no ha cumplido su pena
La Guardia Civil ha trasladado ya a la etarra Sara Majarenas, número 10 de la lista de EH Bildu en la lista de Astigarraga, que se encuentra inhabilitada al no haber cumplido la pena de inhabilitación absoluta a la que fue condenada en 2007, según ha podido confirmar LA RAZÓN. Tras dar la voz de alarma Dignidad y Justicia (DyJ) –que reclama que se anule la candidatura–, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha comprobado que esa pena no ha sido liquidada, lo que ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral. La candidata de Bildu fue condenada a trece años de cárcel por integración en la banda terrorista, tenencia ilícita de armas y falsedad documental, y a otros diez años de inhabilitación absoluta una vez cumplida esa condena de privación de libertad.
Los agentes de la Comandancia del Instituto Armado, aseguran esas mismas fuentes, acudieron ayer al domicilio de Astigarraga con el escrito en el que el servicio de Ejecude Ejecude la Audiencia Nacional ha efectuado la liquidación de su pena de in habilitación, que concluye que esta no está todavía cumplida.
Tras la denuncia de la asociación que preside Daniel Portero, la Fiscalía ha informado de que la Sección Tercera de la Audiencia Nacional había efectuado el cálculo de liquidación de la condena de inhabilitación absoluta que se impuso a la etarra y constatado que sigue en vigor a día de hoy. Según informa la Fiscalía de la Audiencia Nacional, los magistrados de la Sección Tercera dictaron el jueves una providencia con respecto a Majarenas en la que, además de solicitar al Ministerio Público un informe sobre su condena, le trasladaba que se iba a comprobar la fecha de inicio de esa pena de inhabilitación y la de su cumplimiento, algo que el departamento que dirige Jesús Alonso ya ha puesto en conocimiento de la Junta Electoral.
Este hecho, matiza la Fiscalía ,« no desvirtúa la decisión tomada» el pasado día 17, cuando acordó el archivo de las diligencias de investigación en relación a la presencia de 44 etarras en las listas de Bildu para el 28-M «por no ser los hechos objeto de dicha diligencia constitutivos de infracción penal». Es a las juntas electorales a las que les corresponde –recuerda– «el control de la legalidad de las candidaturas» presentadas por los partidos que concurren a las elecciones. «Forma parte de una lista electoral y tiene impuesta una pena de inhabilitación absoluta no liquidada», señalan fuentes de la Fiscalía, que precisan que este hecho «no supone una infracción penal».
En un escrito dirigido a la Junta Electoral, la asociación que preside Daniel Portero había dado la voz de alarma asegurando que Majarenas incurría en una causa de inelegibilidad, según el artículo 6.2 de la Ley Electoral, por lo que ha solicitado la impugnación y anulación del acantorias
didatura.Según recuerda DyJ, la Audiencia Nacional le condenó a una pena de inhabilitación absoluta «por tiempo superior en diez años al de la duración de las penas» de prisión impuestas. Dado que, añade, la etarra ingresó en prisión el 17 de febrero de 2005 y salió de la cárcel el 9 de abril de 2018, tras cumplir 13 años y 2 meses de privación de libertad, su pena de inhabilitación absoluta –que le impide concurrir a unas elecciones– continúa vigente hasta abril de 2028.
El artículo 6.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General establece que «son inelegibles los condenados por sentencia [...] por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal».
Dignidad y Justicia se queja de que los derechos e intereses de las víctimas «se están viendo pisoteados por la concurrencia de multitud de sujetos condenados por delitos de terrorismo a las próximas elecciones municipales y autonómicas». Por ello, solicita a la Junta Electoral que reclame «con carácter urgente» al Servicio de Ejecutorias de la Audiencia Nacional que compruebe la liquidación de condena de Majarenas y anule la candidatura de Bildu si constata que sigue vigente la pena.
Para DyJ debe subsanarse «el defecto doblemente cometido, por la Junta electoral de zona al haber acordado la concurrencia de todos los requisitos legalmente exigidos a esta candidata cuando no los cumplía, así como por la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional».
DyJ dio la voz de alarma asegurando que incurría en una causa de inelegibilidad