La Isla de Valdecañas, más cerca de su demolición
► El Supremo rechaza los recursos del Gobierno extremeño
El Tribunal Supremo (TS) rechazó ayer los recursos de casación presentados tanto por el Gobierno extremeño como por las mercantiles «Marina Isla Valdecañas» y «Golf Valdecañas» contra la demolición de la urbanización construida en los términos municipales de El Gordo y Berrocalejo (Cáceres), en una isla de 134,5 hectáreas de superficie. A través de una providencia, según recoge Efe, la Sección Primera de la Sala deloContencioso-Administrativo del TS expuso que no admite los recursos, ya que ambos, entre otras cuestiones, incumplen los requisitos establecidos en la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administra ti va(LJ CA ), concreta mente, la falta de funda menta ción suficiente y la concurrencia de supuestos previstos en esta misma ley.
Las alegaciones de los recurrentes, según responde el TS, insisten en defender la imposibilidad material de ejecución de las sentencias cuando «nuestra sentencia», emitida en febrero de 2022, recoge que «no cabe apreciar imposibilidad material de ejecución de las correspondientes sentencias, respecto de todo lo que ya ha sido construido, por la afectación de intereses de carácter socioeconómico o de otra índole».
En este caso, hay una segunda vía abierta en el Tribunal Constitucional (TC), que ya acordó admitir a trámite tres recursos de amparo planteados en relación con la sentencia del TS que ordenaba la demolición.
Tras conocer la sentencia, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, se mostró «absolutamente convencido» de que la urbanizaciónIsla de Valdecañas no se derribará. «El derribo conllevaría unas consecuencias medioambientales inaceptables », añadió el jefe del Ejecutivo extremeño en declaraciones recogidas por Efe.
A su juicio, «la situación de Valdecañas está regularizada» a través de la ley que se aprobó en la Asamblea de Extremadura. «Hay una imposibilidad de demolición, pues hay una ley que ha regularizado dicha situación», reiteró. La Asamblea extremeña aprobó el pasado mes de marzo una propuesta de ley que declara 55 espacios naturales como Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA) y que pretende, entre otros objetivos, evitar el derribo del complejo urbanístico.
Esta ley legaliza, a través del artículo 7, «los usos del suelo y las transformaciones urbanísticas» que a su entrada en vigor se hayan aprobado en el ámbito territorial de esos 55 espacios, entre ellos la ZEPA de Valdecañas.
Además, en su disposición final segunda se establece que «las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente en el complejo de Valdecañas quedan legalizados, sin perjuicio de la ejecución de las medidas ambientales que sean procedentes». Por su parte, la asociación Ecologistas en Acción expresó su satisfacción por la decisión del TS. «Es un varapalo judicial para el Gobierno extremeño y para las empresas promotoras», afirmaron fuentes de esta entidad ecologista a través de un comunicado de prensa. A su juicio, el «paso lógico» sería que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) instara a su demolición inmediata.
El Tribunal Constitucional sí admitió a trámite tres recursos de amparo