FATIGA REGULATORIA FRENAR LA AGENDA VERDE
Los tractores toman la calle en numerosas ciudades contra la reducción de emisiones, el alza de costes o el cereal ucraniano sin aranceles La rebelión de agricultores, ganaderos y pescadores fuerza el debate sobre la conveniencia de desacelerar la transic
LaLa revuelta continuada del campo en diferentes países – Holanda, Bélgica, Hungría, Polonia, Rumania - ha acabado calando en la cúpula de los partidos tradicionales, en particular dentro del mayoritario PPE, donde se empieza a cuestionar el ritmo de aceleración regulatoria que pretende impulsar Europa, en muy pocos años, dentro de los parámetros de la Agenda 2030 o Agenda Verde. Primero fue el triunfo del Movimiento Campesino Ciudadano (BBB) en Países Bajos, que puso contra las cuerdas al gobierno del conservador Mart Rutte. Después llegó la rebelión de los agricultores polacos contra el cereal ucraniano, que obligó al gobierno ultraconservador de Varsovia, con elecciones el próximo otoño, a actuar y aliarse con otros países del Este para blindar sus mercados. Tan es así que el PPE no ha tenido más remedio que ponerse del lado de las protestas y pedir una moratoria de dos años para todas las medidas legislativas de la Agenda globalista, particularmente en lo que se refiere a la propuesta sobre pesticidas y la de restauración de los espacios naturales. De lo contrario, estiman los dirigentes del PPE que van a seguir perdiendo terreno ante el empuje electoral de la extrema derecha, que avanza en Italia, Francia, Alemania y otros países. Tanto que incluso Macron se ha sumado a la nueva corriente pro-moratoria, a la vista de los más que buenos resultados de Marie Le Pen en los últimos sondeos.
En España, sin embargo, el debate apenas si se ha suscitado. El tema de la Agenda 2030 parece tan sagrado que ningún partido, con la excepción de Vox, quiere poner en cuestión algo que, en palabras del ex ministro Margallo, «es la Biblia». Una biblia que el sector primario cuestiona, pues está afectando directamente en sus intereses fundamentales a agricultores, ganaderos, pescadores y el mundo rural en general. Colectivos que no ponen en cuestión la transición verde, pero sí su aplicación acelerada, a costa de tener que abandonar sus cultivos o cabañas ganaderas, por falta de rentabilidad.
En el mundo rural señalan al Gobierno como responsable de su ruina. Y en el Gobierno se impone la tesis promovida por Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, con gran peso en las decisiones del Consejo. Ribera está en la vanguardia de los que creen que no hay que dar moratoria de ningún tipo, y sí avanzar en desterrar cuanto antes el diésel y los combustibles fósiles, aplicar el catecismo de las emisiones cero, destruir presas y pantanos para recuperar el caudal ecológico de los ríos y reducir de manera drástica los regadíos para que no se sequen los acuíferos.
Ribera es considerada una integrista de la ecología, pero en España apenas si tiene más oposición que la de Vox. Los discursos en el PP contra la destrucción de pantanos o la desaceleración en Agenda Verde son prácticamente inexistentes, tal vez por el hecho de que tales planteamientos fueron asumidos como propios por el PPE europeo y la presidenta Von der Leyen, cuyas políticas empiezas a ser cuestionadas en numerosos países.