Renovables sí, pero... ¿se puede acelerar y mejorar su aceptación social?
► Un informe de Cepsa plantea criterios para fomentar el despliegue de energías limpias y generar valor entre la empresa y la comunidad local en la que se instalan
¿Cómo puede acelerarse el despliegue de energías renovables y, a su vez, mejorar la «simpatía» que despiertan en los territorios donde se instalan? ¿Ubicar más plantas fotovoltaicas y eólicas es compatible con las reclamaciones de las comunidades locales? Estas son las preguntas que Cepsa formula en su último informe. La compañía reconoce que todavía falta aceptación hacia estas fuentes energéticas, pero al mismo tiempo pone de relieve ocho «palancas» que facilitarán su expansión en los próximos años.
España es una potencia en energías renovables. A día de hoy es el segundo país de la UE en potencia instalada y en generación de energía verde, según IRENA. Además, este 2023 se espera que el 50 % de la electricidad tenga origen renovable. De hecho, en temporadas de baja demanda y buen clima( primavera ), las renovables llegan hasta el 100% en horas centrales del día.
Nuestro país tiene unos objetivos ambiciosos: incrementar la potencia solar y eólica en 39 GW hasta 2030, duplicando prácticamente la capacidad actual y llegando al 74 % del mix energético. Estas metas se apalancan en el gran potencial solar y eólico de España y en la disponibilidad de terreno.
Sin embargo, el 9% de las persoque persoque residen cerca de proyectos renovables considera que este tipo de energía le perjudica, según un estudio impulsado por la European Clima te Fo un da ti on. Además, cada vez surgen más movimientos críticos a través de plataformas locales de rechazo o escepticismo a la instalación de plantas en sus municipios. También es más visible: las películas «Alcarrás» y «As bestas» han hecho que esta crítica social alcance al público general. Así pues, ¿cuáles son esas ocho palancas?
La receta de la licencia social
La licencia social es un concepto que engloba la aprobación de los proyectos por parte de la población y las comunidades locales, más allá de autorizaciones legales. Cepsa explica que« se deben aplicar buenas prácticas sociales y ambientales centradas en que el proyecto sirva para crear valor compartido entre la empresa impulsora y la comunidad». Actores como Ecodes, REDS o UNEF han propuesto guías de actuación que incluyen acciones de integración ambiental, social y gonas bernanza ética.
Por ejemplo, la guía de UNEF se anima a elegir un emplazamiento de bajo impacto llevar a cabo obras respetuosas, conservar el entorno, reducir el coste de la energía, tener un diálogo transparente con la comunidad local, establecer alianzas o contemplar la expropiación como último recurso
Así, el segundo motor para Cepsa debe ser generar un impacto social positivo en subastas y concursos. Destaca, por ejemplo, el concurso del nudo de transición justa de Andorra (Teruel), en el cual se otorgó el 35% de los puntos a la promoción de la industria local y la reinversión. Además, señalan que las últimas subastas solares reservaron un cupo para instalaciones financiadas por cooperativas, sociedades o administraciones locales.
En tercer lugar, se debe apoyar la conversión ciudadana en renovables. Algunas comunidades autónomas, como Cataluña, han incluido en su normativa la obligación de que los promotores ofrezcan a los ciudadanos participar en la financiación de las instalaciones de su zona. Han surgido plataformas que permiten a los residentes locales invertir pequeñas cantidades en los proyectos y, a cambio, obtener un beneficio económico directo.
En cuarto lugar, se debe priorizar proyectos. En esta línea, la Junta de Galicia aprobó recientemente una modificación legal para que ciertos proyectos energéticos puedan ser declarados iniciativas prioritarias, reduciendo sus plazos a la mitad. Para ello se tiene en cuenta la creación de empleo local, el suministro de la energía a empresas de la región y el pago de un canon anual a los ayuntamientos por los beneficios de la planta.
En el quinto destacan la zonificación ambiental. En la Comunidad Valenciana sea probó un decreto ley que limita la superficie en que se pueden implantar las renovables para evitar su afección paisajística: solo se puede ocupar el 3% del suelono urbaniza ble del municipio. En sexto lugar contemplan des cuentos en la factura, dado que los proyectos en ocasiones incluyen compromisos de instalación de autoconsumo en edificios públicos o bonificaciones en el precio de la electricidad.
Para finalizar destacan la compatibiliza ción agrícola y ganadera (combinar los usos del suelo mediante proyectos de agrovoltaica y paso de animales) o la integración y renaturalización ambiental, a través de medidas como la conservación de especies locales y la mejora de ciertos indicadores biológicos. Una cosa es clara: la transición ecológica es cosas de todos.