La Generalitat deja en el aire las elecciones del 14-F por la tercera ola
El viernes, el Govern y los partidos tomarán una decisión definitiva sobre el aplazamiento
La celebración de las elecciones al Parlament el próximo 14 de febrero peligra seriamente y se terminará de definir esta semana. Los comicios penden de un hilo por la virulencia de la tercera oleada del coronavirus, que azota con fuerza Cataluña con un elevado número de casos diarios –ayer, más de 7.000– y los hospitales cerca del colapso.
A la situación actual hay que sumarle los efectos de las fiestas navideñas y los escenarios con los que trabaja el departamento de Salud: un nuevo informe entregado a los partidos sitúa el pico de la ocupación de las ucis la víspera de las elecciones. Los cálculos del BIOCOMSC, el grupo de biología computacional de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), alertan de que la cifra máxima de contagios de esta tercera ola llegará la semana del 29 de enero, justo cuando arranca la campaña electoral. La presión en las ucis llegaría quince días después, la víspera de las elecciones, el 14 de febrero.
Con estas predicciones encima de la mesa trabajan el Govern y los partidos políticos. El viernes, todos los actores se reunirán en la cámara catalana para decidir de forma consensuada si se posponen las elecciones por la pandemia. El Ejecutivo no llevará ninguna propuesta propia –no decidirá antes una u otra posición en el seno del gabinete– y tratará por todos los medios de pactar la postura final con el resto de formaciones. Eso sí, de no haber consenso, la Generalitat advierte de que la última palabra será suya y pone de ejemplo el caso de los comicios vascos y gallegos.
Pese a no querer posicionarse ante las reiteradas preguntas de los periodistas, ayer la portavoz del Govern, Meritxell Budó, dejó en el aire la celebración de los comicios y avisó de que la postura del viernes tiene que ser la «definitiva» ante la cercanía de la de votación. De hecho, dedicó parte de sus intervenciones a explicar cómo sería un hipotético aplazamiento de las elecciones: en caso de tomarse esta decisión, el Ejecutivo debería reunirse y redactar un decreto para desconvocarlas que tendría que firmar luego el presidente en funciones, Pere Aragonès. Budó ha asegurado que dicho documento debería incluir ya una nueva fecha con garantías –lo suficientemente alejada de las predicciones de la tercera ola– para votar.
¿Y cómo se decidiría el nuevo día de aplazarse el 14-F? Aquí está una de las grandes incógnitas de la jornada, que también se hablaría en la reunión del viernes llegado el extremo. Según la portavoz del Govern, eso sí, sería pertinente que las autoridades sanitarias dieran su opinión en base a las predicciones epidemiológicas. Es decir, tendría que ser una fecha relativamente alejada para que no coincida con la actual tercera oleada de la pandemia del coronavirus.
Pese al consenso que pretende la Generalitat para no tener que cargar con la responsabilidad de la decisión final, todo apunta a que será muy difícil o imposible ya que cada formación ve las cosas de una forma diferente. Y aquí llegan las batallas y las posturas enfrentadas, también entre los dos socios del Govern. Una disputa que puede llegar a ser determinante si no hay acuerdo en el Parlament.
El consenso imposible
Y es que, pese a los titubeos iniciales, Junts apuesta claramente por celebrar los comicios el día fijado. «Estamos a punto. Hay que garantizar el derecho a la salud y el ejercicio del derecho a voto con las medidas y condiciones que sean necesarias», aseguró ayer Laura Borràs. Un plateamiento parecido mantienen en el PDeCAT, aunque bastante más comedido. En cambio, los republicanos ven cómo la gestión de la pandemia les puede pasar factura si se aplazan las elecciones –ocupan la presidencia en funciones y áreas tan determinantes como sanidad o trabajo, muy cuestionadas por las medidas adoptadas–, aunque celebrarlas en plena tercera ola y con los republicanos al frente de Salud también supone un riesgo.
En el resto de partidos tampoco hay una postura unánime. El PSC es es el más tajante y defiende que las elecciones sean el día fijado, el 14-F: Miquel Iceta considera que «no hay motivos añadidos ni sobrevenidos» para aplazar las elecciones. «Hay posibilidades de hacer las elecciones en las condiciones que el propio Govern va estableciendo y preparando», zanjó ayer oponiéndose a un hipotético aplazamiento.
El PP, por su parte, compara la situación en Cataluña con Estados Unidos, que pudo celebrar las elecciones en plena pandemia. Y cree que debe suceder lo mismo: a su juicio, la administración pública debe garantizar su celebración. Cs deja la duda, aunque defiende que la decisión se tome bajo estrictos criterios sanitarios y la CUP añade que sea un grupo de expertos el que decida. En el otro lado de la balanza se sitúan los comunes, a favor de aplazar la cita: «Con toda la preocupación, me cuesta imaginarme ir a unas elecciones con los hospitales al límite y a punto de colapsar».
El Ejecutivo tendrá la última palabra en caso de que no haya consenso entre las formaciones, tal como se prevé