Más municipios socialistas se suman a la zona catastrófica
Castilla-La Mancha liderará una petición conjunta al Gobierno
San Fernando de Henares, de corporación municipal socialista, también solicitará que se declare al municipio zona catastrófica por los efectos de Filomena. Se trata del último de una larga lista de municipios gobernados por el PSOE que pedirán amparo al Gobierno central para poder paliar los efectos del temporal.
Entre estos se encuentra también Móstoles, con Noelia Posse al frente, que registró ayer la moción correspondiente. En su exposición de motivos, explican que «las dimensiones y los efectos de la tormenta de nieve han superado todas las estimaciones efectuadas». Además, y «como consecuencia de la bajada de temperatura, se ha agravado la dificultad para desarrollar los necesarios trabajos de limpieza». Así, los daños causados «superan a los medios disponibles».
Tal y como avanzó ayer LA RAZÓN, más de 70 municipios iban a registrar una moción para solicitar la consideración de zona catastrófica en sus respectivos plenos. Es cierto que, muchos de ellos, gobernados por el PP. Pero no es el caso de otros tradicionalmente liderados por la izquierda. Así ocurre en Alcorcón, gobernado por PSOE, Unidas PodemosGanar Alcorcón; Alcobendas, liderado por PSOE y Ciudadanos; Alcalá de Henares, con el socialista Javier Rodríguez Palacios al frente; Ciempozuelos, con PSOE y Cs; Coslada, que suma los votos de PSOE, IU y PIC; Leganés, también de signo socialista; Rivas Vaciamadrid, presidido por IU y PSOE...
La situación en Castilla-La Mancha es similar. La socialista Milagros Tolón, alcaldesa de Toledo, afirmó que su Ayuntamiento «no descarta» pedir la declaración de zona catastrófica a través de la Delegación del Gobierno para poder optar a las ayudas. De hecho, el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García Page, instó ayer a los ayuntamientos de las localidades más afectadas a que se sumen antes del próximo martes a una petición conjunta de declaración de zona catastrófica que comandará la Comunidad Autónoma. Una forma de mostrar «más argumentos» de cara a una solicitud «con carácter autonómico» que se realizará pensando, sobre todo, en servir de ayuda no sólo a consistorios, sino también a empresas.