El CGPJ acusa a PSOE y Podemos de vulnerar la separación de poderes
Alerta de que tramitar la reforma acelerada es inconstitucional
La reforma judicial que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentre «en funciones» ha enfrentado al Gobierno y al Consejo. Si en diciembre solicitó a la Mesa del Congreso que no la tramitara sin recabar los informes del propio CGPJ y de la Comisión de Venecia, ayer dio una vuelta de tuerca en ese «desafío» al ver cómo esas peticiones caían en saco roto al decidirse, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, continuar con esa tramitación por la vía de urgencia. Para el Consejo, la reforma vulnera la separación de poderes.
La reforma judicial que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando se encuentre «en funciones» una vez vencido su mandato, como la de no poder realizar nombramientos discrecionales, ha enfrentado al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial. Si el pasado diciembre solicitó a la Mesa del Congreso que no la tramitara sin antes recabar los informes del propio CGPJ y de la Comisión de Venecia –dependiente del Consejo de Europa–, ayer dio una vuelta de tuerca en ese «desafío» al ver cómo esas peticiones caían en saco roto al decidirse, con los votos favorables de PSOE y Unidas Podemos, continuar con esa tramitación por la vía de urgencia.
De esta forma, el Pleno extraordinario celebrado para debatir esa decisión de la Mesa del Congreso volvió ayer no sólo a expresar su profundo malestar, sino que advertía que con ello se vulneraba la Constitución, en concreto, el principio que consagra la separación de poderes, así como el Derecho de la Unión Europa. En este sentido, recuerda que requerir a las partes afectada por una reforma que afecta al núcleo de la Justicia, « forma parte de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial».
Petición de oír a Europa
Este acuerdo logró una muy amplia mayoría. En concreto fue avalado por 16 de los 21 vocales: el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, los diez consejeros «conservadores» que propusieron la celebración del Pleno extraordinario y otros cuatro «progresistas», de los que tres que fueron elegidos en su día a propuesta del PSOE y uno del PNV. En cambio, sólo cinco se posicionaron en contra: el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda, quienes reflejarán su postura en un voto particular discrepante.
En la decisión del órgano de gobierno de los jueces y magistrados se critica duramente la decisión de no poder informar sobre la citada Proposición de Ley de reforma judicial porque «no sólo desconoce el papel del Consejo General del Poder Judicial como garante de la independencia de jueces y magistrados, sino que también le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos de todo Estado de Derecho, basados en el principio de separación de poderes según se han definido en el Derecho de la Unión Europea y en los dictámenes de la Comisión de Venecia».
Por ello, insta a la Mesa del Congreso a que «reconsidere» su decisión y se recaben las opiniones opiniones del CGPJ, del Consejo de Europa y de las asociaciones judiciales, «al no ser la decisión adoptada el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes».
Y es que el CGPJ no tiene duda alguna de que esta reforma tiene como trasfondo el hecho de que no se haya renovado en tiempo al Consejo. Por ello, Por ello, insta nuevamente a las Cortes para que acuerden su renovación a la mayor brevedad, y a que antepongan el cumplimiento de ese deber constitucional, «a la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones».