Moncloa valora que Illa siga en Sanidad hasta que el TSJC decida el 8-F
El objetivo es no desactivar su tirón electoral hasta saber con seguridad si los comicios se aplazan La Justicia defiende mantener el 14 de febrero si no se adoptan más restricciones por la covid
La doble condición de candidato del PSC y ministro de Sanidad que Salvador Illa ostenta desde que a finales de diciembre se anunciara su carrera a la Generalitat supone un elemento de distorsión añadido a la situación de inestabilidad que vive el país. Inestabilidad sanitaria, en el marco de una explosión de contagios en la que las comunidades autónomas demandan más medios y el Gobierno se los deniega, e inestabilidad política en Cataluña, donde las elecciones siguen en el limbo. Primero se suspendieron por la Generalitat, pero ahora han vuelto vuelto a fijarse en su fecha inicial, el 14 de febrero, de manera cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, no obstante, se da de plazo hasta el próximo 8 de febrero para tomar una decisión definitiva sobre este asunto.
Esta anomalía, que implicaría que la celebración de los comicios esté en duda una vez iniciada la campaña electoral, hace que Moncloa esté recalculando sus opciones. El Gobierno ha ido modulando su estrategia electoral a golpe de resolución judicial por parte del TSJC. Si en un principio y una vez suspendidas las elecciones, Salvador Illa se mostró dispuesto a ampliar el toque de queda como le pedían las autonomías, autonomías, su criterio cambió radicalmente hacia el rechazo a esta modificación del real decreto del estado de alarma cuando el Tribunal Superior de Justicia volvió a establecer los comicios el 14-F de manera provisional. En Moncloa temen el desgaste que esta medida pueda llevar aparejada para su candidato y ese cálculo electoral ha llevado a poner en cuestión ahora el propio calendario que se manejaba para la salida de Illa de Sanidad.
Desde que se anunciara el fichaje del ministro como cartel electoral para Cataluña, el Gobierno señaló el inicio de la campaña como el momento en que abandonaría sus responsabilidades en el Consejo de Ministros.
Esta tesis, la defendió este mismo jueves el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que aseguró que el viernes 29 de enero, Illa ya no estará en el Ejecutivo. La necesidad de hacer el relevo en estos términos tan ajustados en el tiempo obedece a que en Moncloa no querían que su titular de Sanidad se quedará «colgado»: sin cartera y sin comicios, en un clima de inestabilidad electoral en el que los comicios no acaban de concretarse. Ahora que se estima que ni siquiera el 29 de enero –día en que arranca la campaña– pueda estar resuelta la convocatoria electoral, en el Gobierno comienzan a virar.
Por ello, fuentes de Moncloa evitan ahora ser tan taxativas en su planteamiento de que Illa vaya a abandonar su cargo la próxima semana, dejando en el aire sus planes precedentes y evitando confirmar las palabras que Iceta pronunciaba hace escasas 48 horas. El discurso del Ejecutivo comienza a plagarse de evasivas, al tiempo que se introduce una nueva variable, un condicionante en forma de matiz, que ubicaría el
El objetivo es no «desactivar» el «efecto Illa» en caso de que las elecciones se acaben aplazando
relevo en la cartera de Sanidad en el momento en que «haya una fecha definitiva para las elecciones». En estos términos se pronunció ayer la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que señaló que «cuando hay una fecha definitiva para las elecciones, (Illa) hará campaña sin tener ningún otro cargo». Fuentes de su entorno, sin embargo, se apresuraron a puntualizar que de estas declaraciones no se podía inferir cuándo dejará el cargo.
En el Gabinete vinculan así su renuncia a la resolución final y sobre el fondo del asunto que haga el Tribunal Superior de Justicia en los próximos días. Esta eventualidad podría llevar a que Illa compatibilizara su condición de ministro con la de candidato, una vez iniciada la campaña la próxima semana, dado que el TSJC tiene hasta el 8 de febrero para pronunciarse. El tribunal emitió ayer sus argumentos para mantener convocadas las elecciones en la fecha prevista, pero puntualizando que «esta decisión no implica que obligue a votar irreversiblemente el 14 de febrero» y que «esto no significa que no puedan darse cambios sustanciales de aquí al 14 de febrero, tanto en las normas reguladoras del estado de alarma como en el ámbito sanitario, derivados de la evolución negativa de la epidemia, lo que podría justificar otra decisión de las autoridades competentes adoptada conforme a derecho, teniendo en cuenta dichas nuevas circunstancias». Se refiere, en concreto, a un confinamiento que desde el Gobierno se descarta tajantemente.
La decisión del Gobierno aún no está tomada, pero sí está sobre la mesa, como forma de salvaguarda ante un giro inesperado que puedan dar los acontecimientos. El objetivo último es no «desactivar» de manera precipitada el altavoz institucional que posee actualmente Salvador Illa como gestor de la pandemia y, sobre todo, de la campaña de vacunación, y que sería imprescindible para sostener el «efecto Illa» más allá de febrero, si el tribunal asumiera las tesis de quienes por criterios epidemiológicos piden que se retrasen los comicios. Que el titular de Sanidad compatibilice esta condición con la de candidato ahonda en su deslegitimación de la gestión que está haciendo de la pandemia en las últimas semanas y que tiene que estar fuera de toda duda o subjetividad partidista.