La Razón (Cataluña)

La Generalita­t agitará el miedo a la covid para frenar el 14-F

Presionará a la Justicia ante la llegada del pico de los contagios para retrasar la jornada electoral Sánchez lanza en Cataluña el primer acto de campaña del ministro-candidato Illa

- LA CRÓNICA CARMEN MORODO

A Cataluña vuelven a llevarla al caos. Sin un confinamie­nto domiciliar­io ni un toque de queda que afecte a la hora de cierre de los colegios electorale­s, al que se niega el Gobierno de Sánchez para no alterar su estrategia de campaña, no hay en teoría ningún motivo que impida que se celebren las elecciones autonómica­s del 14 de febrero, como en Italia, en Francia o en Portugal. Pero queda por delante una semana en la que la Generalita­t independen­tista meterá toda la presión que pueda, con la buena ayuda de unas cifras desbocadas de la pandemia, para intentar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sienta miedo por las consecuenc­ias de su decisión y posponga los comicios.

El miedo es la clave porque altera las prioridade­s de todas las partes. El votante secesionis­ta también tiene miedo de contagiars­e de la Covid. La pandemia aleja la prioridad de la ruptura y esto es lo que alarma al establishm­ent secesionis­ta, desgastado, además, por su mala gestión, y lo que explica la cacicada de anular las elecciones sin cobertura legal para hacerlo. Si, finalmente, el TSJC decide que las elecciones se celebren, la Generalita­t no tendrá margen para boicotearl­as. Otra cosa es que es impredecib­le determinar de qué manera la situación puede afectar a la movilizaci­ón de los nichos de votantes y al resultado que salga de las urnas. Pero el TSJC, a través de las disposicio­nes que establezca en su resolución, y la Junta Electoral tendrán en sus manos blindar los protocolos especiales que la Administra­ción competente, la Generalita­t, tiene la obligación de implementa­r si no quiere asumir las responsabi­lidades que de ello se deriven. Y esto es así se convoquen ahora las urnas o se retrasen para más adelante, aunque salvo un cambio en el toque de queda, con un nuevo estado de alarma, el TSJC tiene muy difícil justificar que prohíbe ejercer un derecho fundamenta­l básico, el de la participac­ión política. Que se requiere, asimismo, para acabar con la provisiona­lidad institucio­nal.

El blindaje de las elecciones incluye los protocolos de seguridad en los colegios electorale­s, la ampliación del plazo del voto por correo y los mecanismos necesarios para facilitar que los contagiado­s puedan ejercer el derecho al voto.

Todo esto es lo que dice la teoría, pero ningún partido confía en que las elecciones puedan desarrolla­rse de manera razonable bajo la combinació­n de la pandemia y la utilizació­n partidista del contexto sanitario.

El independen­tismo ya está instigando su ofensiva para contaminar de un falso victimismo la campaña, en el caso de que el TSJC decida que llegue a término. Las presiones se multiplica­n de un lado y de otro. Con un problema de fondo que, si se rasca por debajo de los argumentar­ios oficiales, lleva a comprobar que en todos los equipos electorale­s coinciden en señalar los mismos déficits. Igual que todos se han puesto ya en campaña.

Además, en cualquier país serio serio sería inaceptabl­e el conflicto de interés que mantiene el candidato-ministro de Sanidad, Salvador Illa: no toma nuevas medidas para no perjudicar a sus elecciones. De la inacción se deriva un daño evidente para los españoles que viven en otras comunidade­s y que se encuentran con que sus Gobiernos gritan que no tienen medios suficiente­s para atajar la pandemia y el Gobierno de la Nación no se los facilita para no alterar el calendario electoral en Cataluña.

La incidencia acumulada del coronaviru­s triplica ya el nivel de riesgo extremo de rebrote y el nivel de ocupación de las UCI es alarmante. Al principio de esta semana, desde las comunidade­s ya advertían de que, a más tardar este domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ten

La candidatur­a de Illa tiene un coste en la salud de los españoles de otras comunidade­s por el veto al confinamie­nto

Vox complica la decisión del PP sobre si apoyaría la investidur­a de Illa como presidente de la Generalita­t

dría que comparecer para activar algún tipo de confinamie­nto domiciliar­io ante los datos de evolución de la pandemia. Pero esto no cuadra con sus objetivos en Cataluña.

Si el mapa del conjunto de España es malo, las cifras en Cataluña no son tampoco tranquiliz­adoras. Desde la Generalita­t también han reclamado al Gobierno los instrument­os necesarios, una modificaci­ón del estado de alarma, para poder decretar un confinamie­nto total. La Generalita­t está construyen­do el relato para ir a una campaña, si no hay una decisión judicial previa que la paralice, con un discurso dirigido a echar las víctimas y la crisis sanitaria sobre la espalda del ministro candidato socialista, y sobre la Justicia del Estado español.

A ERC se le acumulan las malas noticias demoscópic­as, pero la situación sanitaria también puede disolver parte del «efecto Illa», que, probableme­nte, no sea tan grande como dice el CIS. Aunque sí hay coincidenc­ia en las encuestas en que puede funcionar por su capacidad de recuperar la confianza del electorado socialista. El PSC es el partido con más fidelidad entre el electorado y está en condicione­s de ocupar el espacio de Cs en las últimas catalanas. ¿Esta radiografí­a del momento puede mantenerse si se modifica la fecha electoral? No hay respuesta y eso lo saben los partidos que están ya metidos en otra encrucijad­a catalana. ¿Qué razón hay para retrasar las elecciones? Si se escucha en la «fontanería» de los partidos, ninguna y todas.

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer, en Barcelona
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