El Govern defiende que votar en colegios será seguro
«El problema que tenemos es qué pasa entre que uno sale de casa y vota», dicen
El director general de participación ciudadana y procesos electorales de la Generalitat, Ismael Peña-López, defendió ayer que votar en los colegios electorales será seguro: «El problema que tenemos es qué pasa entre que uno sale de casa y llega al colegio».
«De puertas para dentro, el colegio electoral casi no cambiará en nada. Estábamos preparados para que fuera un búnker sanitario», señaló en una entrevista en el canal 324 recogida por Europa Press. Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de suspender cautelarmente el aplazamiento de las elecciones, ha mantenido que la Generalitat está lista para organizar los comicios con seguridad porque en «julio» ya tenían los protocolos cerrados.
Lo que cambia tras la resolución del TSJC -dijo- es que si la convocatoria sigue adelante las elecciones se celebrarán en «en la cresta de la ola». Para él, transmitir la idea de que votar es seguro es difícil cuando «la gente está sufriendo por las UCI» y hay restricciones de movilidad, ante lo que ha defendido insistir en que el derecho a voto es uno de los principales de las personas, por detrás de la salud. Explicó que su departamento ha trasladado a la Conselleria de Salud la necesidad de «maximizar la seguridad en el local electoral», y que este lunes se decidirá si los tests que se practicarán a los miembros de las mesas serán PCR o de antígenos. También ha alertado de las dificultades logísticas de organizar un operativo para garantizar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias: sanitarias: «Si tenemos Mossos en los colegios electorales, no los tenemos parando ‘raves’. Y si tenemos personal sanitario ayudando con los EPI, no están en los Caps». «Votar será fácil, pero montar lo que hay alrededor de las elecciones es complicado», y ha apelado a la responsabilidad ciudadana, evitando comportamientos de riesgo y extremando las precauciones.
A la espera de la decisión definitiva del TSJC, ha augurado que cancelar las elecciones del 14F y trasladarlas a mayo, si el tribunal lo avalara el 8 de febrero, supondría «casi 25 millones de euros».