Illa afronta una querella por homicidio y lesiones por su gestión de la Covid
Una asociación de víctimas del coronavirus le denuncia por su gestión «negligente»
ministro a candidato querellado en apenas unas horas. Nada más dejar el Ministerio de Sanidad para dedicarse a tiempo completo a su candidatura a presidir la Generalitat, Salvador Illa tiene que hacer frente a una querella por cuatro delitos que ha presentado contra él y contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, una asociación de víctimas del coronavirus.
La Asociación Nacional de Víctimas y Afectados por el Coronavirus (Anvac) formalizó ayer mismo en los Juzgados de Plaza de Castilla una querella –en representación de más de medio centenar de afectados– en la que imputa a ambos delitos de homicidio y lesiones imprudentes, prevaricación y contra los derechos de los trabajadores, por lo que considera una gestión «negligente» e «irresponsable» de la crisis sanitaria del coronavirus.
No es la primera. El Tribunal Supremo ya se ha opuesto a investigar al Gobierno por la vía penal por la gestión de la pandemia, aunque dejó en manos de los juzgados territoriales la posible exigencia de responsabilidades, sobre todo en relación a la actuación de la Administración en las residencias. Y, además, dos juzgados madrileños rechazaron en junio del pasado junio sendas querellas por esos mismos delitos contra Simón. Pero, ahora, Anvac reclama –en palabras de su abogado, Pedro Tavárez– una «instrucción profunda» que considera «imprescindible» para esclarecer si los hechos denunciados tienen relevancia penal.
La querella se ha presentado justo el primer día en que Illa ha perdido su condición de aforado como miembro del Gobierno (en ese caso debería haberse interpuesto en el Tribunal Supremo). Un aforamiento que recuperará (sea o no el próximo presidente de la Generalitat) en cuanto resulte elegido miembro del Parlament, aunque en ese caso el competente para investigarle sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por lo que si antes de su toma de posesión no se ha rechazado la denuncia, los juzgados madrileños deberían inhibirse.
El abogado de la asociación recurrente aseguró que ve necesario una investigación con «luz y taquígrafos» sobre la actuación del Ministerio de Sanidad y de Illa en particular, al que señala como «máximo responsable de la gestión de la pandemia y de sus consecuencias sanitarias».
La denuncia, explicó a las puertas de los juzgados madrileños, se ha estado preparando durante vaDe rios meses, por lo que no solo hace referencia a los datos de la primera ola, sino también a los hechos acaecidos con posterioridad.
Según el presidente de Anvac, Jaime Sánchez, tras casi un año de lucha contra el virus «es momento de hacer balance y rendir cuentas ante las víctimas».
La asociación, que agrupa a más de dos mil afectados, ha solicitado además al juzgado que de forma urgente garantice la preservación de toda la documentación informática de la que dispone el Ministerio de Sanidad hasta que se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella. Entre las diligencias solicitadas se incluyen la petición al instructor de que reclame al Ministerio de Sanidad todas las comunicaciones internas relativas a la pandemia.