El juez mantiene el tercer grado a los presos independentistas
Rechaza las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía hasta que resuelva el recurso
Concluida la campaña de las elecciones catalanas y atendiendo a la resolución de diciembre del Tribunal Supremo contra el tercer grado a los nueve presos independentistas, se antojaba complicado que el juez alargara mucho más la estancia en semilibertad de los responsables del «procés» condenados por sedición. Sin embargo, contra todo pronóstico –los propios presos tampoco albergaban excesivas esperanzas–, el magistrado (sustituto) del juzgado de vigilancia penitenciaria número cinco de Cataluña (con competencias en Lledoners) ha decidido avalar provisionalmente el tercer grado y tumbar la petición de medidas cautelares de la Fiscalía.
En concreto, de esa decisión judicial salen beneficiados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Joaquim Forn, también, aunque la resolución judicial todavía no está notificada.
24 horas antes, Dolors Bassa y Carme Forcadell corrieron la misma suerte y el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente a sus cárceles también tumbó las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y les mantuvo el tercer grado. De esta manera, los nueve presos independentistas podrán continuar en semilibertad y solo tendrán que ir a la cárcel a dormir entre lunes y jueves. El resto del tiempo podrán salir del centro penitenciario a trabajar.
Lo cierto es que esta decisión supone un cambio de criterio con respecto al verano. Entonces, los siete presos de Lledoners tuvieron que regresar a segundo grado de inmediato porque la Fiscalía interpuso un recurso y la juez de vigilancia penitenciaria (ahora está siendo sustituida por el juez que resolvió ayer) atendió las medidas cautelares y suspendió el régimen de semilibertad sin esperar a entrar al fondo del asunto. Cuando resolvió, avaló la semilibertad, pero mantuvo a los presos en segundo grado a la espera de que el Tribunal Supremo decidiera en última instancia.
El Alto Tribunal decidió revocar definitivamente el tercer grado y dictó la resolución el pasado 4 de diciembre. Sin embargo, al cabo de poco más de mes y medio de esa decisión judicial han vuelto a salir bajo régimen de tercer grado después de que lo decretara la Generalitat, coincidiendo con el inicio de la campaña de las elecciones catalanas del 14 de febrero.
Esta presencia en la campaña ha favorecido, sobre todo, a Esquerra que, gracias a la presencia de su líder Junqueras ha conseguido vencer a Junts. Su irrupción a dos semanas de la cita con las urnas han dado un empujón determinante a los republicanos, que han aprovechado su salida de prisión con mucha presencia en los mítines de Junqueras.
En los seis autos dictados –para cada uno de los presos–, el Juzgado ha rechazado la petición del fiscal haciendo una interpretación extensiva de la disposición adicional 5ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que permite hacer suspensivos los recursos a decisiones judiciales pero no administrativas –en este caso es una decisión administrativa de la Generalitat–. Al argumentar contra la petición del fiscal, el juez recuerda que el artículo 130 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa dispone que únicamente podrán adoptarse medidas cautelares –entre ellas, la suspensión del acto administrativo– cuando la ejecución del acto pudiera hacer perder su finalidad legítima al recurso o causar al recurrente perjuicios de imposible o difícil reparación, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto.
Sin embargo, el fiscal formaliza el recurso a través de una interpretación analógica de la Disposición Adicional 5ª de la LOPJ, que «choca con la interpretación más restrictiva que debe darse a normas que, en definitiva, producen afectación a derechos fundamentales», según indica el juez en su auto.
Los presos independentistas han cumplido todos una cuarta parte de la condena ya, una condición que en la anterior ocasión que obtuvieron el tercer grado no se había producido aún –salvo Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Joaquim Forn–. Los nueve líderes están condenados a entre nueve y 13 años de prisión y llevan encarcelados desde octubre y noviembre de 2017, poco después de la etapa de mayor convulsión del «procés» –tras el referéndum ilegal y la DUI–.
Los nueve condenados por el 1-O seguirán en semilibertad: irán solo a prisión a dormir entre lunes y jueves