El papel del sector público y el del privado
millones de euros y 3.182 millones, respectivamente.
Por áreas de actuación, la inversión en la infraestructura ferroviaria es la de mayor peso, alcanzando los 4.737 millones de euros, el 41% del total. Las obras en carreteras concentrarán un gasto de 989 millones de euros, junto con otros 1.033 millones para la conservación viaria y 154 millones destinados a Seittsa, la entidad pública creada para la ejecución de infraestructuras de carreteras. A Puertos se destinarán 1.003 millones de euros; en Aeropuertos 1.059 millones; en Hidráulica 766 millones; y en Costas y Medioambientales, 229 millones. Además, en los Presupuestos está prevista la creación del Fondo de Restauración Econológica y Resiliencia que recibirá 1.395 millones de euros.
Sin embargo, «dadas las deficiencias en infraestructuras que existen en nuestro país, las cifras que se conocen de los presupuestos son insuficientes», denuncia María Dolores Ortiz, exdecana del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Ortiz estima que el país debería dedicar «unos 1.300 millones de euros al año a la conservación de sus carreteras». «Sin embargo, le dedicamos un 50% de la inversión que se le dedica en los países europeos de nuestro entorno», apostilla, según recoge el informe «ConservacióndecarreterasenEspaña, comparativa con Alemania, Francia, Italia y Reino Unido» promovido por ACEX.
«Los principales proyectos que se deberían acometer después de la crisis que hemos vivido son, sin duda, las infraestructuras sanitarias, las educativas y las relacionadas con el agua, dado el déficit que tenemos en las mismas y que nos está costando sanciones a nivel europeo. También los proyectos relacionados con la movilidad sostenible, como el transporte ferroviario, el metro y las grandes infraestructuras que mejoran la movilidad y reducen las emisiones de gases contaminantes, potenciando el transporte público y la eficiencia energética, como la renovación de los sistemas de autobuses a modos más sostenibles», reclama María Dolores Ortiz.
Para lograrlo, la colaboración público-privada es esencial. No obstante, esta es una necesidad que las autoridades españolas no tienen del todo en cuenta. «La promoción de la inversión privada constituye además otras de las prioridades señaladas por la Comisión Europea en el programa Next Generation. Sin embargo, en España el modelo concesional está desaparecido del panorama de la contratación desde el año 2012 y es imprescindible recuperarlo porque nuestras prioridades sociales de gasto junto con la obligación de reducción de deuda y déficit públi«Financiar inversiones mediante concesiones no es privatizar ya que la infraestructura permanece en todo momento bajo la titularidad y control públicos. Y presenta, ventajas, pues anticipa en el tiempo las inversiones, minimizando la captación de recursos públicos y su impacto en el déficit público», recuerda el presidente de Seopan. co que marcarán los próximos años una vez superada la pandemia, no permitirán que los presupuestos públicos financien todas las inversiones que, en materia de infraestructuras, el país necesita», explica Julián Núñez.
La legislación tampoco lo facilita. «Los proyectos de participación público-privada como las concesiones, donde el sector privado financia, construye y explota la infraestructura, está paralizados desde 2017 a raíz de las limitaciones impuestas por la Ley de Contratos del Sector Público y por la Ley de Desindexación de la Economía, que limita el beneficio a los inversores, lo que ha frenado estos procesos», explica María Dolores Ortiz. Los rendimientos vienen determinados por la tasa de descuento y «actualmente esta tasa se sitúa en el 2,11%, resultando un plazo de concesión imposible para absorber un coste medio de capital de la oferta empresarial que se sitúa en no menos del 7%», aclara Julián Núñez. Por ello, «se deben habilitar mecanismos que faciliten colaboraciones efectivas con el sector privado que aumenten la capacidad financiera, la eficiencia y la sostenibilidad», subraya María Dolores Ortiz.
Cuando José Luis Ábalos anunció el cambio de nombre del Ministerio de Fomento por el del Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, aseguró que la nueva nomenclatura no era un mero cambio estético sino que reflejaba el cambio de filosofía que quería introducir en el departamento. Hasta entonces, aseguró, el ministerio había estado enfocado a la construcción de nuevas infraestructuras. Y aunque Ábalos reconoció que quedan cosas por hacer, también advirtió de que en lo que a las infraestructuras atañe, el peso del departamento iba a bascular de forma progresiva hacia la conservación y mejora de lo que ya hay y no tanto a su crecimiento. Fiel a esta filosofía, Puertos del Estado tiene previsto aprobar en este semestre el nuevo Marco Estratégico del Sistema Portuario de Interés General con el objetivo de modernizar las instalaciones de las 28 autoridades portuarias para que sigan siendo competitivas y ocupando la posición de liderazgo que tienen en Europa. «No podemos dormirnos porque algunos países están creciendo de forma espectacular. Tenemos que crecer más que los demás», aseguró semanas atrás el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo.
Uno de los pilares para que los puertos españoles sigan ocupando un lugar relevante es la competitividad económica. Para lograrlo, el marco estratégico contempla una rebaja en las tasas del 20% de cara a 2030. Una medida que el ente público liga al incremento del tráfico para hacerla sostenible. Dado que, como ocurre con Aena, los puertos del estado no se financian con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado, es importante que este recorte en los cánones se compensen con un incremento de tráfico para no poner así en riesgo las inversiones que los puertos también necesitan para acometer cuestiones básicas como su digitalización. Puertos quiere instalaciones con automatización y sensorización suficiente como para ser virtua