La UDEF investiga si hubo trabajadores de Neurona en España o eran «fantasma»
El juez quiere identificar a esos trabajadores y esclarecer si son ciertos los billetes de avión y justificantes aportados por Podemos
Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía investiga si es veraz o no la documentación aportada al juez del «caso Neurona» por Podemos sobre la presencia en nuestros país de trabajadores de la consultora de matriz mexicana durante la campaña electoral a las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Neurona Comunidad, la filial de la mexicana NeuLa rona Consulting, percibió 363.00 euros de la formación morada por unos supuestos trabajos de consultoría que investiga lel juez por resunta financiación irregular de Podemos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía investiga si es veraz o no la documentación aportada al juez del «caso Neurona» por Podemos sobre la presencia en nuestros país de trabajadores de la consultora de matriz mexicana durante la campaña electoral a las elecciones generales del 28 de abril de 2019.
Neurona Comunidad, la filial de la mexicana Neurona Consulting, percibió 363.00 euros de la formación morada por unos supuestos trabajos de consultoría bajo la lupa del juez Juan José Escalonilla –que investiga la presunta financiación irregular de Podemos–, empeñado en esclarecer si efectivamente esos trabajos se prestaron.
Desde el juzgado que dirige Escalonilla se ordenó a la UDEF, en un oficio del pasado 2 de marzo incorporado a las diligencias, que comprobase «la veracidad de los billetes de avión y de los justificantes de hospedajes» aportados por el partido de Pablo Iglesias para intentar acreditar que en su campaña del 28-A participaron trabajadores de Neurona.
Podemos también puso en manos del instructor una serie de fotografías de esos supuestos empleados de la consultora en varios actos de campaña. De ahí que la unidad policial deba ahora también identificar a esas personas y «si resulta posible», precisar de qué actos electorales se trata.
Asimismo, la UDEF está intentando determinar si los vídeos que aportó Podemos sobre su sede electoral en la madrileña calle Maudes –donde, según insiste la formación, personal de Neurona estuvo trabajando– fueron grabados verdaderamente en ese local y en las fechas de la campaña electoral del 28-A.
Por último, Escalonilla instó a la Policía a que localice y traslade a su juzgado los vídeos que estos trabajadores relacionados con esas elecciones generales «pudieron publicitar a través de internet y las redes sociales», encuadrados en el contrato firmado por Podemos con Neurona bajo el concepto «soluciones audiovisuales y productos comunicacionales».
Por otro lado, el juez del «caso Neurona» ha retomado también la investigación sobre una supuesta «caja B» de Podemos, después de que la Audiencia Provincial de Madrid le obligara el pasado 24 de febrero a reabrirla hasta esclarecer si se cometió o no un delito de administración desleal al transferir 30.000 euros a la asociación #404 Comunicación Popular desde esa «caja de solidaridad».
En una providencia incorporada a las actuaciones, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 reclama a Podemos «el acuerdo del Consejo de Coordinación en el que se aprobó la solicitud de acceso a la caja de solidaridad» presentada por dicha asociación por importe de 50.000 euros.
Finalmente, entre el 5 de septiembre de 2019 y el 15 de junio del pasado año desde ese fondo del partido se le transfirieron 30.000 euros en tres transferencias.
A instancias de la Audiencia de Madrid, Escalonilla también ha pedidoalaentidadTriodos&Bank, donde se ingresaron esas cantidades, que le remita un extracto de «la totalidad de los movimientos» de esa cuenta de la que es titular #404 Comunicación Popular desde el 4 de septiembre de 2019 hasta la actualidad.
Del mismo modo, el juez insta al banco a que determine «la identidad de las personas autorizadas» para retirar dinero de la cuenta y que le detalle desde qué cuenta o cuentas se hicieron las transferencias el 5 de septiembre de 2019 y el 20 de marzo y 15 de junio de 2020. Posteriormente, avisa, «se remitirá oficio a las entidades bancarias» para que desvelen la titularidad de las cuentas y «la identidad de la persona o personas» que ordenaron esas tres transferencias.
Los agentes deben determinar si los vídeos de la sede electoral morada se grabaron en las fechas de la campaña