El engorro de gobernar
MoncloaMoncloa está a poco más de un mes de tener que levantar el estado de alarma o renovar su vigencia. Su empeño de despejar hacia arriba –a las autoridades de la Unión Europea– toda la responsabilidad de la compra de las vacunas, y hacia abajo –a las comunidades autónomas– toda la responsabilidad de la gestión sanitaria y de la administración de esas vacunas haría que pudiera resultar casi irrelevante lo que el Gobierno central pueda arbitrar. Si nada es de su competencia se convierte en prescindible. Pero, muy a su pesar, se va a ver en la obligación de decidir algo que afectará a todos y que es indelegable.
El decreto del estado de alarma decaerá el 9 de mayo, salvo que el presidente solicite su prórroga al Congreso de los Diputados. Eso supondría enfrentarse al engorroso trámite de negociar con los grupos parlamentarios, y la experiencia previa ha resultado siempre muy incómoda. Ha tenido que cortejar a una miríada de partidos con representación parlamentaria, que casi siempre acuden a la negociación con el «qué hay de lo mío» por delante. Además, esta vez esa posible negociación se tendría que desarrollar en medio de la intensidad política provocada por las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Un engorro más.
Pero si no se amplía la vigencia del estado de alarma, las comunidades autónomas no dispondrán del respaldo legal que necesitan para limitar la movilidad de los ciudadanos y ordenar toques de queda, herramientas utilizadas hasta ahora. A la vista de cómo evoluciona la pandemia, es previsible que hacia el 9 de mayo aún no hayamos conseguido un control suficiente del virus y las autoridades sanitarias consideren que sigue siendo necesario mantener determinadas restricciones. Como consecuencia, es previsible que el presidente del Gobierno se vea obligado a actuar un poco más como tal presidente del Gobierno, asumiendo algunas de las responsabilidades que gustosamente ha preferido dejar en manos de otros. Y tendrá que presidir como lo han hecho en estos últimos días la canciller alemana o el presidente francés. Emmanuel Macron compareció por televisión ante sus compatriotas para anunciar el endurecimiento de las medidas sanitarias. Angela Merkel reunió una vez más a los presidentes de los lander, sin soltar el volante con el que dirige el país en esta situación de pandemia, aunque Alemania esté tan descentralizada como España.
Aquí, cuando el Gobierno central adopta una decisión que afecta a todos se organiza un notable gatuperio. Téngase como referencia el último ejemplo: la pintoresca normativa que obliga a llevar puesta la mascarilla en cualquier lugar al aire libre –incluidas las playas–, aunque la distancia entre personas sea suficientemente segura. Moncloa ya se ha encontrado con una lista de comunidades que anuncian su determinación de no cumplir con esa norma. Esta vez, no es el gobierno autonómico de Madrid –donde aún no hay playa– el que se subleva contra una decisión sanitaria de las autoridades nacionales. La revuelta se inició en Baleares, donde gobierna el PSOE, y se ha extendido por otros territorios. En ocasiones toca gobernar y no siempre es cómodo.
«Pedro Sánchez, muy a su pesar, se va a ver en la obligación de decidir algo que afectará a todos»