Jerry Blackwell, el abogado de la memoria negra
Fiscal en el caso Floyd, consiguió la rehabilitación de una víctima de los linchamientos de Duluth
QueQue el abogado Jerry Blackwell forme parte de la bancada de la acusación en el caso Floyd no, es, desde luego, una buena noticia para el policía Derek Chauvin. Porque no hablamos de uno de esos activistas negros de izquierdas dedicados a la defensa de pleitos pobres que, de pronto, encuentran su «caso de la fama». No. Blackwell es negro, milita en el ala más izquierdista del partido Demócrata –hasta el punto de que se enfrentó en primarias al candidato de Obama y perdió–, y está vinculado a asociaciones de derechos civiles y culturales afroamericanas, pero, se trata de uno de los abogados mejor formados de Minnesota y su bufete tiene como clientes a las mayores empresas de la distribución distribución y la logística de Estados Unidos. Es decir, la mayor parte de su tiempo está del lado de «los poderosos», si nos atenemos a estos tiempos maniqueos que nos ha tocado vivir. Y, sin embargo, Blackwell, es también guardián de la memoria negra y fue el defensor, sin minuta, de un hombre, Max Mason, cuya dramática peripecia nos remonta a los años del peor racismo, el más brutal porque se ejercía contra unos hombres que ya eran, teóricamente, ciudadanos libres, en medio de la pasividad general de la población blanca. La historia de los linchamientos de Duluth, ciudad al norte del estado, junto a la frontera canadiense, ocurridos en abril de 1920, es de sobra conocida. El circo ha llegado a la ciudad, una pareja de novios de la localidad denuncia que han sido asaltados y ella violada por un grupo de negros, la Policía detiene a una docena de trabajadores del circo, la mayoría nacidos en el profundo sur; las víctimas no consiguen reconocer positivamente a ninguno de ellos, la multitud se impaciente, un millar de personas asalta la Comisaría, se llevan a tres de los detenidos, Elias Clayton, Elmer Jackson e Isaac MacGuie, los arrastran hasta un poste y los cuelgan hasta morir. Nunca se juzgó a nadie por la matanza, aunque muchos de los asesinos se fotografiaron con los cadáveres. Pero sí hubo una condena por la violación.
La de Max Mason, uno de los supervivientes del linchamiento, que estaba apenas en la veintena y que fue condenado a 30 años de cárcel, pese a la ausencia de pruebas y la sospecha de que todo había sido una invención, confirmada por la declaración del médico, blanco, que examinó a la presunta víctima y que dejó constancia ante el tribunal de que no había encontrado señales de violencia propias de una violación tumultuaria como la descrita. Pero la matanza, en forma de postal, había recorrido América y era preciso, casi imperativo, buscar un culpable. James Mason cumplió cinco años, fue puesto en libertad bajo palabra, y vivió otros 20, bajo el estigma de una acusación horrenda. Fue Jerry Blackwell quien consiguió, justo un siglo después, que la Justicia del Estado reconociera su error. Mason fue indultado a título póstumo, algo nada sencillo en la cultura judicial de los Estados Unidos, y su figura rehabilitada. Pero no sin un largo y difícil pleito. Al final, la labor forense de Blackwell, reconstruyendo un caso voluntariamente enterrado en el fondo de los archivos del Estado de Minnesota, se impuso. Y no había video ni testigos vivos. Sólo una foto de la barbarie.