El juez de «Púnica» reprocha al PSOE que denuncie una permuta que apoyó
«Resulta llamativo que facilitara con su voto lo que señala como un plan criminal»
El juez que investiga en la Audiencia Nacional el «caso Púnica», Manuel García Castellón, ha reprochado al PSOE que haya denunciado por corrupción una operación inmobiliaria en Valdemoro (Comunidad de Madrid) que fue aprobada con los votos de los ediles socialistas. Así consta en un auto de 5 de abril en el que el instructor acuerda el sobreseimiento provisional de la acusación contra un antiguo representante de El Corte Inglés y un constructor.
«Resulta llamativo que la acusación popular enumere en su escrito, entre los indicios que fundamentan el llamamiento del señor Soriano como investigado, el contrato de permuta elevada a escritura pública el 29 de diciembre de 2004 entre el Ayuntamiento de Valdemoro y El Corte Inglés toda vez que el mismo partido bajo cuya coordinación actúa la acusación popular, facilitó, con su voto favorable en el Pleno celebrado el 29 de septiembre de 2004 que se realizara precisamente la mencionada permuta que ahora se señala como parte del plan criminal», especifica la resolución, resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, que cierra la causa contra los empresarios Javier Cid Sicluna y Faustino José Soriano Atencia.
En concreto, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), «bajo la coordinación del PSOE», fue la que reclamó la imputación del representante de la empresa «antes incluso que la Fiscalía», destaca la resolución, al considerar que se había amañado la recalificación de unos terrenos de El Corte Inglés en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Valdemoro, aprobado en 2004, siendo alcalde el ex consejero del PP Francisco Granados. Sin embargo, el juez rechaza «que hubiese actuación delictiva alguna, ni de El Corte Inglés, ni mucho menos del señor Soriano Atencia».
En el mismo sentido, según resalta el juez en su auto, la decisión de elevar a escritura pública la permuta fue aprobada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Valdemoro de 29 de septiembre de 2004, «contando con los votos a favor de los concejales de todos los grupos municipales: PP, PSOE, IU y los Verdes; lo cual resulta, también, poco coherente con un plan aparentemente trazado por unos pocos para perjudicar al Ayuntamiento, dada la amplitud del apoyo recibido».
El juez, que recuerda que ya había advertido hace nueve meses de la «debilidad indiciaria» respecto a la presunta participación de los imputados en la trama aparentemente organizada para que la empresa Obras y Vías pudiera adquirir el 100% de la propiedad de la parcela de El Corte Inglés, con intervención del Ayuntamiento de Valdemoro, concluye que tras oír a los investigados el pasado 22 de febrero de 2021, y vista la documentación que aparece en la causa, «no se constata indicio alguno que permita vincular a aquellos en la presunta trama dibujada por la acusación, [...] con enriquecimiento privado de los partícipes y a consta del Ayuntamiento de Valdemoro».
La decisión de cerrar la causa se produce después de que, tal y como adelantara La Sexta, tanto el PSOE como la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) pidieran al juez instructor que se apartara de esta investigación. Lo hacían al confirmar que García Castellón, desde que se reincorporó a su plaza en la Audiencia Nacional en 2017, tenía concedida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la compatibilidad para ejercer la docencia como tutor por internet en el Centro Universitario Ramón Areces, «perteneciente y dependiente de El Corte Inglés».
Sin embargo, García Castellón rechazó apartarse de esta causa al asegurar que no había «conflicto de interés alguno» por el hecho de ejercer como docente en esta fundación dependiente de los grandes almacenes.
En un escrito, el instructor del «caso Púnica» destacó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había examinado y reconocido su «compatibilidad» para ejercer esa labor docente al tiempo que era titular de un Juzgado Central de Instrucción en la Audiencia Nacional.
Tanto Adade como el PSOE recurrieron esta decisión ante la Audiencia Nacional, sin que García Castellón fuera apartado de este procedimiento.