Impuestos por votos: el hachazo a Madrid revienta la campaña
Sánchez ignora las promesas electorales de Gabilondo y se refugia en la UE para subir Sociedades, Patrimonio y Sucesiones
¿Subir o no subir los impuestos? Este es el dilema que diferencia a un Gobierno de izquierdas de uno de derechas. Ahora, algo más de un año después de su investidura como presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, jaleado por Podemos y ERC, ha abierto la caja de Pandora y ha azuzado contra la Comunidad de Madrid el trato fiscal de favor de los madrileños respecto al resto de los españoles. En esta estrategia de acaso y derribo al Ejecutivo de Ayuso poco le importa dejar en entredicho las promesas electorales de su candidato a la Presidencia madrileña de no aumentar los impuestos.
Así lo demostró ayer en su comparecencia ante la Prensa para presentar el Plan de Recuperación, que recoge la gestión de los 140.000 millones de fondos europeos que corresponden a España y de las reformas estructurales, entre ellas la fiscal, que debe desplegar a cambio de esta ingente inyección de capital. En este escenario, Sánchez restó importancia a la polémica suscitada por los mensajes contradictorios lanzados por Gabilondo de no subir los impuestos en Madrid y horas después por su ministra de Hacienda auspiciando un aumento fiscal. María Jesús Montero anunció este lunes, durante la presentación del comité de expertos que estudiará la reforma fiscal de Sánchez, un alza en enero próximo de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones, impuestos estos últimos cedidos a las autonomías. Según el relato del propio jefe del Ejecutivo, el candidato socialista a las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo realiza su promesa de no aumentar la presión fiscal a los madrileños en calidad sólo de candidato. Mientras, él, como presidente de España, persigue «acompasar todas las sensibilidades e intereses autonómide cos» con su subida impositiva. Es más, se mofó de los líderes políticos que propugnan descensos impositivos o mantenimiento de las figuras tributarias, como Gabilondo, por amparar un debate contrario al que se plantea en la escena política internacional. En tono de irónico, enfatizó que hasta «el rojo comunista de Biden, que todo el mundo sabe que lo es, habla de que tenemos que elevar los tipos efectivos de Sociedades», en alusión al análisis que realiza ahora la Administración americana sobre la conveniencia de subir el tipo efectivo de Sociedades. Es más, justificó esta reforma fiscal refugiándose en las recomendaciones realizadas por la UE a España a cambio de su ayuda.
Por eso, la reforma fiscal que prepara está incluida en la lista de las previstas en el Plan de Recuperación, que ayer volvió a estudiar por segunda vez la Comisión Interministerial creada a tal efecto. Según Sánchez, Bruselas ha reclamado reiteradamente a España una reforma fiscal, orientada a garantizar el sostenimiento las cuentas públicas. Por tanto, a su juicio, es un «debate necesario» que se abordará sin poner en peligro la recuperación. Así ignoró, como si no fuera el candidato de su partido, la propuesta de Gabilondo y defendió la subida de Sociedades, Patrimonio y Sucesiones, figura esta última bonificada en Madrid al 99%.
Además, el Plan de Recuperación, que hoy explicará por la mañana ante el Congreso de los Diputados y por la tarde hará lo propio Nadia Calviño ante los agentes sociales, figuran la de las pensiones y la del mercado laboral. A estas tres reformas, Sánchez añadió la modernización del sistema nacional de salud, un nuevo sistema energético, la modernización de la Justicia, la nueva economía de los cuidados y la Ley de Aguas. Tras considerar que su Plan de Recuperación «es la segunda gran oportunidad que tiene España desde hace 37 años cuando entró en la UE», enumeró las diez principales inversiones que se financiarán a cargo de los fondos europeos por casi 50.000 millones. De esta cuantía, 13.200 millones irán a la estrategia de movilidad sostenible; 6.820 millones, a vivienda; 4.315, a la modernización de las administraciones; 4.060 millones, a la digitalización de pymes; 4.000 millones al 5G; 3.780, a la nueva política industrial, 3.590 millones, al plan nacional de competencias digitales; 3.400 millones, al turismo; 3.380, a ciencia e innovación, y 3.165 millones, a renovables.