Se prorroga la suspensión de los desahucios hasta agosto
La moratoria en el pago del alquiler se amplía tres meses más
El Ejecutivo prorrogará, una vez concluya el próximo 9 de mayo el Estado de alarma, tres meses más hasta agosto todas las medidas relacionadas con la vivienda, incluida la suspensión de los desahucios a los colectivos más vulnerables y la moratoria del pago del alquiler. Así lo anunció ayer el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el pleno del Congreso de los Diputados, a petición propia, para informar del Plan de Recuperación, que un día antes estudió la Comisión Interministerial creada a tal efecto por el Gobierno y que este mes de abril se remitirá a Bruselas para su aprobación. Con este anuncio, el presidente, que este martes también presentó el Plan de Recuperación, pretendió dar un golpe de efecto entre la opinión pública. Más allá de su estrategia mediática, el Gobierno ampliará la posibilidad de pedir una moratoria o condonación parcial de la renta de alquiler de vivienda cuando el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, así como de los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses en los mismos términos que se venía produciendo. También se ampliará tres meses la suspensión de desahucios y lanzamientos de arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional.
A estas medidas urgentes para garantizar «una vivienda digna y adecuada», se sumará «dentro de poco» la primera Ley estatal de Vivienda, que tropieza a diario con las resistencias dentro del propio Gabinete para su aplicación. Para ello, hay que «seguir acelerando» el ritmo de la vacunación, recuperar la economía y «no dejar a nadie atrás», aseguró ayer el presidente. En este contexto, el Gobierno ampliará la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional a los casos inmersos en procedimientos penales. Ya en enero pasado prorrogó estas medidas. Entonces, el Ejecutivo modificó dos artículos del llamado decreto antidesahucios aprobado el pasado diciembre.
Mientras se aprueba la Ley de Vivienda, el Gobierno dedicará 1.000 millones a la construcción de pisos en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, un programa que está incluido en los 6.820 millones para rehabilitación y regeneración urbana en el periodo 20212023 recogidos en el Plan de Recuperación. El Ejecutivo se ha marcado como objetivo llegar a las 100.000 viviendas públicas de alquiler asequible. Además de estas medidas, a finales de marzo se concedieron 225.000 moratorias de deudas hipotecarias, 373.000 suspensiones de créditos no hipotecarios y más de 843.000 moratorias sectoriales para deudores no vulnerables.